Este miércoles se celebró la primera reunión entre los directivos de la agroexportadora Vicentin y agentes del Gobierno de Santa Fe, en el marco de una gran tensión que llegó a todo el país tras el anuncio del presidente Alberto Fernández el pasado 8 de junio de intervenir y expropiar la firma. Tal es así, que se han realizado dos marchas y banderazos el 21 de junio y el 9 de julio en las principales ciudades del país.
Fuentes cercanas al primer encuentro de este miércoles le aseguraron a Rosario Nuestro que la vía más factible y analizada por ambas partes es instrumentar algún acuerdo para continuar con la empresa con la intervención del Estado nacional. Además, se conoció la figura de un fideicomiso como una opción fiable.
Lo que no es seguro y tampoco se conversó en esta primera reunión, es la decisión de apartamiento de los administradores de la sociedad ligada al agro.
En representación de la empresa, participaron el presidente del directorio, Daniel Buyatti; el director, Máximo Padoan, y el abogado que los asesora, Guido Ferullo. Por el lado del gobierno provincial, asistieron el Secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, y la máxima autoridad de la Inspección General de Personas Jurídicas, María Victoria Stratta. Y por último, estuvieron presentes los síndicos intervinientes del concurso, Ernesto García, Carlos Julio Amut y Diego Oscar Telesco.
La segunda audiencia será el 30 de julio para seguir tratando otros temas y debatir el mejor camino entre las partes. Estas se dan en el marco de un proceso concursal que adoptó la empresa hace unos meses.
Esta fuente reveló a este medio que el paso próximo que debería ejecutar Vicentin, es presentar un balance de la empresa, el cuál deberá ser certificado y llevado a una auditoria con la Justicia. Sin embargo, la firma ya decidió que este paso no lo va a hacer y por ende el plazo para presentar el balance se va a vencer en los próximos días.
De esta forma, uno de los caminos posibles hasta el momento es que el juez comercial de Reconquista, Fabian Lorenzini, decrete la quiebra de la empresa.
El secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, al salir de la reunión aseguró que se resolvió “comenzar a ponernos de acuerdo en un herramienta legal y económica de salida. Nos pusimos de acuerdo en el puntapié inicial para comenzar un diálogo institucional en el marco del proceso del concurso de acreedores”.
