El senador de Santa Fe, Armando Traferri, fue imputado como jefe de una asociación ilícita vinculada al juego clandestino. Además, la fiscalía acusa al legislador de brindarle protección judicial al empresario Leonardo Peiti, capitalista de juego, con el objetivo de garantizar su impunidad. 

“Finalmente se pudo celebrar esta audiencia imputativa, que a los fines del proceso penal es muy importante, y que justamente lo que hace es resumir una imputación donde el eje vertebrador de esta imputación es una asociación ilícita donde nosotros lo consideramos jefe al senador Traferri”, sostuvo el fiscal de la causa, José Luis Caterina, en diálogo con el programa El Puente, que se emite por Radio Mitre Rosario. 

En este sentido, Caterina indicó: “La causa está muy vinculada al juego clandestino y también a proteger a algunos actores, en particular Leonardo Andrés Peiti, de ese juego ilegal para tratar de pasarlo a la legalidad”.

Asimismo, el fiscal señaló que además se realizaron algunas imputaciones específicas hacia Traferri, como partícipe primario de la organización y explotación de los juegos de azar ilegales, hechos de tráfico de influencia, un hecho de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, el delito de cohecho y peculado de caudales públicos.

En esa misma línea, Caterina sostuvo: “Esta última acusación está vinculada a un subsidio que otorgó Traferri, a nuestro entender para favorecer a médicos que habían dictaminado favorablemente para que Peiti pudiera ser internado en una clínica por presuntos problemas de salud mental y dejara de estar preso, en tanto y en cuanto la declaración o las posibilidades que siguiera declarando lo podían comprometer seriamente”.

De acuerdo a la investigación, Traferri utilizaba su poder para influir sobre distintos funcionarios. “Por su condición de Senador tiene de alguna manera llegada, por ejemplo, a funcionarios públicos, funcionarios del Poder Judicial y también a la posibilidad de articular legislativamente algún tipo de ventaja. Él lo niega, incluso plantea que no es posible digitar esas cuestiones por parte de un legislador", manifestó el fiscal. 

En ese mismo sentido, expresó: “Nosotros ponemos en duda eso porque vemos en intervenciones telefónicas, en extracciones de celulares, en impactos de antenas, una serie de encuentros tendientes a llevarle dinero y una viva preocupación del senador porque Peiti deje de figurar en ciertas empresas con las cuales se había hecho la presentación para ingresar parte de lo que sería el juego a la órbita legal”.

Caterina recalcó que lo que ven es una “asociación ilícita de guante blanco”, es decir que no está atravesada por la violencia, pero donde se nota que Traferri es una persona que inspira “temor, lealtad y que tiene una autoridad sobre el resto”. 

Asimismo, hizo referencia a que desde la fiscalía tienen las facultades para detener a un sospechoso y pedir su prisión preventiva, pero no para imponerla. “Como Fiscalía entiendo que podría haberse pedido una prisión preventiva, porque estamos hablando de una jefatura de una asociación ilícita y un concurso de delitos que habla de una pena que sí se proyecta, en principio, como de efectivo cumplimiento y además de eso en el último tiempo fuimos indagando mucho y advertimos cuestiones que para nosotros son presuntivos de peligrosidad procesal por parte de Traferri”.

Por último, Caterina dio detalles de los pasos a seguir dentro de la causa: “La jueza hizo lugar a una serie de prohibiciones de acercamiento. Nosotros la pedimos por el término de ley que hubiera sido por alrededor de dos años, pero la jueza lo impuso por seis meses con posibilidad de prórroga. Estimamos que dentro de ese tiempo estaríamos presentando la acusación, que además después se discutirá con mayor amplitud en la audiencia preliminar que es la que te prepara para el juicio oral y público”