Este miércoles se cumple un año del homicidio del ex concejal Eduardo Trasante, asesinado en su casa por dos hombres que ingresaron después de tocar la puerta y hacerse pasar por conocidos de su hija. Hoy en día, quedan muchas dudas abiertas y la familia del ex edil de Ciudad Futura pelea para que la causa no se enfríe. La abogada querellante manifestó que aún se desconoce “quién o quiénes lo ordenaron (al asesinato), lo pensaron, contactaron a gente en Piñero para implementarlo y quiénes gatillaron y ejecutaron a Eduardo”.
Al aire de Radio Mitre Rosario, la letrada Gabriela Durruty realizó una cronología de los hechos, a partir de la muerte de Trasante el 14 de julio de 2020. Lo que demostró la investigación, es que dos personas ingresaron a la casa del edil en San Nicolás 3638 y abrieron fuego contra su persona. Una bala pegó en la mano derecha y otra en la cabeza, la letal.
“El año pasado hubo un primer momento de investigación seria donde se dispusieron recursos: se conformó una unidad, vinculando la Unidad de Homicidios Dolosos y la Agencia de Investigación de Delitos Complejos, como para darle la envergadura que tuvo el homicidio”, contó la abogada.
Los dos sicarios arribaron a la casa de Trasante en un Peugeot 308 de color blanco, que fue robado cuatro días antes del crimen. El auto se convirtió en una de las principales líneas investigativas. “Los primeros días encontraron el auto”, dijo Durruty, e “imputaron a dos personas que aportaron hechos indispensables: todo este pasa manos que sufrió el auto, demostrando una logística que no es habitual”, añadió.
Por el robo del coche -posteriormente vendido a una persona vinculada a un interno de Piñero para efectuar el homicidio- fueron imputados dos personas en un primer momento. Sin embargo, uno de ellos quedó desvinculado a la causa. “En febrero nos encontramos con la decisión fiscal de desvincular a una de las primeras personas imputadas. Lo que estamos haciendo ahora es pelear para que no desvinculen a uno de los cinco imputados, en vez de estar codo a codo avanzando en las investigaciones”, señaló la letrada.
En la investigación hubo “embarradas de cancha”, según la abogada querellante. “Cerca de octubre se plantaron testigos falsos. Nosotros estuvimos en la audiencia, la persona se desdecía en la misma oración, solicitamos que se lo detenga, y lo liberaron esa misma noche. No se lo procesó por falso testimonio, se descartó, pero no se investigó”. En esa línea, Durruty no pidió que se investigue “al pobre pibito” que se presentó como testigo, sino que “era clave que alguien lo había mandado, repetía cosas que le habían dicho”.
Las preguntas que siguen abiertas
La abogada mencionó algunos cabos sueltos que todavía persisten en la investigación, llevada adelante por los fiscales Gastón Ávila y Matías Edery.
En primer lugar, señaló que “no se investigó que pasó con el teléfono de Carolina (esposa de Trasante)”. El móvil de la viuda del expastor desapareció el mismo día del crimen, y las líneas investigativas son varias. Por rastreo satelital, la abogada confirmó que el dispositivo salió encendido de la casa del exconcejal, y fue apagado frente a la casa de un policía. “El efectivo fue detenido y liberado, y nunca más se investigó la responsabilidad”, dijo al respecto.
Por otra parte, Durruty cuestionó que aún se desconoce quiénes “son los responsables de haber filtrado las fotos de Eduardo en el momento del crimen”. Por este hecho, “se pidió una investigación dentro del Ministerio Público de la Acusación para ver quién filtró la foto y nunca se citó a nadie, ni siquiera para peritajes del teléfonos”.
La letrada concluyó: “Estamos ante un camino criminal muy largo que necesitó de muchas personas y del cual desconocemos: quién o quiénes ordenaron el crimen, lo pensaron, contactaron a gente en Piñero para implementarlo y quiénes gatillaron y ejecutaron a Eduardo. No queremos perder las esperanzas, pero es lo ultimo que nos queda”.
Por la causa solo hay un condenado, Maximiliano Galbán de 24 años, pero no por el asesinato, sino por haber participado en la compra del automóvil en el que se trasladaron los sicarios. Galbán, junto a Brian Nahuel Álvarez, adquirieron el vehículo por pedido de un interno del penal de Piñero, Isaías Zenón, quién, a su vez, actuó por encargo de Julio Rodríguez Granthon, criminal narco de nacionalidad peruana.
