Las cuatro personas que estaban detenidas por la muerte de Carlos «Bocacha» Orellano seguirán bajo prisión efectiva por el plazo de ley. Así lo determinó la Justicia tras la audiencia imputativa que se realizó este lunes en el Centro de Justicia Penal. Se trata de dos policías que la noche de la desaparición del joven en el boliche Sr. Ming de Estación Fluvial trabajaron como adicionales y dos que se desempeñaban como seguridad privada del lugar.
Según consignaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), los oficiales Karina G., de 41 años y Gabriel N., de 38, fueron imputados por los delitos de «Incumplimiento de los deberes de funcionario público, Falsedad ideológica de instrumento público agravada y Homicidio simple con dolo eventual en carácter de coautores, en grado consumado y en concurso real«.
Por su parte, F.C.M., de 53 años, y E.O.L., de 30, quienes esa noche trabajaron como seguridad privada del boliche fueron imputados por el delito de «homicidio simple con dolo eventual en carácter de coautores«.
De la investigación se desprende que «Bocacha» fue retirado del boliche y sufrió violencia física por parte de los imputados. El hecho ocurrió en cercanías al muelle 3 y la víctima fue rodeada contra la baranda. «Aprovechándose de la superioridad física y numérica, lo golpean, determinando con su accionar que Carlos Orellano salte las barandas de protección del muelle y caiga a las aguas del río Paraná, circunstancias que le provocaron el fallecimiento», reveló el fiscal Patricio Saldutti, de la Unidad de Homicidios Dolosos.
Karina G., la oficial de 41 años, está acusada también de dar aviso a la Central de Emergencias 911 media hora después del hecho y mintiendo en la información que brindó. Además, se acusa a todos los imputados de abandonar el lugar «sin brindar colaboración con las tareas de rescate de la víctima, impidiendo con su accionar que el personal de Prefectura Naval que concurrió tras el llamado, pudiera llevar adelante de manera efectiva las primeras acciones de búsqueda y rescate».
Fue el juez de Primera Instancia Gustavo Pérez de Urrechu quien tras la audiencia de este lunes imputó a los implicados con prisión preventiva por el plazo de ley.
