Este lunes falleció de coronavirus una interna en la Unidad de Detención de Mujeres Nº 5 de la ciudad Rosario y otras 30 se encuentran aisladas tras haber recibido resultado positivo en los testeos, según confirmó en las últimas horas la defensora general de la provincia, Jaquelina Balangione.
La funcionaria judicial remarcó que el problema es muy grave porque los 30 casos positivos de Covid-19 confirmados esta semana pertenecen a un penal que alberga un total a 183 mujeres.
«Quiero aclarar que este es el único penal de la provincia que está con este brote. Hubo dos casos en Piñero, otro en la Alcaidía de Rosario y las 30 mujeres en la cárcel de mujeres. En el caso de las mujeres, el dato no deja de ser menor porque el porcentaje de contagios es muy alto», remarcó en declaraciones radiales.
Balaguione agregó como tema preocupante es que en el mismo penal de mujeres hay un pabellón de madres donde conviven 12 niños menores de 4 años. La noticia trasciende con más fuerza hoy por el fallecimiento de una interna pero esta situación la expusimos cuando hace diez días atrás presentamos un habeas corpus pidiendo las vacunas para las personas privadas de la libertad».
«Quiero aclarar, porque ya leí algunos comentarios en las redes sociales, que no se trata de ningún privilegio de los reclusos frente a la comunidad. No es así. El motivo del habeas corpus era que se incluya a las personas privadas de la libertad en el plan global de vacunación. Es decir, al que le toque por edad o por comorbilidad ser vacunado que se vacune esté preso o en libertad», remarcó Balangione.
La defensora general de la provincia agregó que «no se está pidiendo que se haga lo que hicieron varias provincias, es decir vacunar a todos los reclusos y a los agentes penitenciarios considerados personas de riesgo porque, más allá de lo inmunodeprimidos que puedan estar, con el nivel de sobrepoblación que hay es imposible mantener distanciamiento social. En Santa Fe no se los incluyó en el plan oficial de vacunación. Debo admitir que a partir de la presentación del recurso tuvimos una rápida reacción del gobierno y supongo que se iniciará el operativo en las cárceles. En Santa Fe hay aproximadamente 7.500 personas privadas de la libertad».
