Secretario general de Santa Fe apuntó contra los privilegios de los trabajadores de las empresas estatales provinciales
El funcionario, Juan Cruz Cándido, afirmó que las "empresas públicas funciones con criterios de razonabilidad y eficencia”.
El secretario General de Santa Fe, Juan Cruz Cándido, repasó los distintos privilegios que perciben los trabajadores de las empresas estatales provinciales como la EPE o Aguas santafesinas.
En ese marco, al aire de una entrevista con el equipo de El Puente, programa que se emite por Radio Mitre Rosario, el funcionario primero señaló cuáles son los objetivos del Ejecutivo provincial para con las firmas santafesinas.
“Desde el primer día de la gestión, el gobernador me dijo que ponga mucha atención en el funcionamiento de las empresas para hacerlas más eficientes ", subrayó.
Dicha eficiencia, prosiguió Cándido, debe apuntar a resolverle los problemas a la gente y que todo gasto o costo que a pagar, sea para mejorar el servicio.
En ese sentido, comenzó a enumerar la serie de privilegios que perciben los empleados en la órbita de la Empresa Provincial de la Energía.
“Uno de los primeros privilegios con los que nos encontramos fue sobre el ingreso de familiares a las empresas”, precisó.
En la misma línea, destacó su caracter inconstitucional: “Es algo que está por fuera de la constitución nacional y provincial, que establece que todos somos iguales ante la ley, y que no existe prerrogativa más que la idoneidad para adquirir un trabajo”.
“Sin embargo aquí había dos requerimentos para entrar a las empresas, tener cercanía familiar o a través del sindicato”, apuntó contra la rama gremial.
Asimismo, el funcinario sumó que durante septiembre, los empleados recibían un bono o premio extra equivalente a un salario mínimo vital y Móvil; y que la empresa les amortiguaba el cobro de impuestos de los servicios de luz y gas.
Por último, consignó que las llamadas de atención de la provincia a las empresas es con el fin de mejorar el funcionamiento se las mismas.
“Aca no se está hablando de afectar los derechos de nadie, sino de hacer que las empresas públicas funciones con criterios de razonabilidad y eficencia”, concluyó.
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