El diputado Nacional, Eduardo Toniolli denunció que en 2008 el gobierno de Binner contrató de forma directa a Carlos Rosenkrantz y a Ricardo Gil Lavedra para patrocinar a Santa Fe en el juicio contra el Estado nacional, cuando podía hacerlo con abogados del Gobierno de Santa Fe. Hoy reclaman honorarios por 18 mil millones de pesos.

“En 2008 empieza lo que es una película con varios capítulos, ¿no? Ustedes saben que ese momento, siguiendo el proceso administrativo que había empezado anteriormente, el gobernador Jorge Obeid, en el 2008, el entonces, Hermes Binner, empieza el proceso judicial o el litigio contra el Estado nacional, por la retención de fondos coparticipables con destino a las políticas de Anses. En ese momento el gobierno de Binner lo que hace con contratar un estudio de abogados que encabezan Rosenkrantz y Gil Lavedra, para llevar adelante esta tarea”, expresó, al aire del programa El Puente, que se emite por Radio Mitre Rosario, el diputado Nacional, Eduardo Toniolli.

Y remarcó el hecho de la constatación de un estudio ajeno cuando la labor podía realizarla la Fiscalía de Estado: “Son los abogados y abogadas del gobernador o del Ejecutivo provincial, y que llevan adelante tipo de litigios habitualmente y lo hacen muy bien y están altamente capacitados para esto”.

“La segunda objeción tiene que ver con la forma en la que se contrata estos estudios a través de una contratación directa, es decir, no hay ningún tipo de compulsa, de precio, no hay ningún tipo de licitación, cuando los montos que podía significar esa contratación, eran elevados que ameritaban algún tipo de proceso que se utiliza para transparentar este tipo de contrataciones. El tercer cuestionamiento es que además de haber obvias relaciones políticas, a la hora de definirse por este este, estos estudios, básicamente Gil Lavedra es un reconocido dirigente del radicalismo, además había relaciones parentales directas, uno de los de los funcionarios en este momento de apellido Romero Acuña, del Ministerio de Justicia de Santa Fe, era hermano de la mujer y socia en el estudio de Gil Lavedra”, amplió Toniolli.

En consecuencia, “nosotros en 2015, en ese momento era diputado Provincial, hicimos un pedido de informes porque y estaba en camino a resolverse la cuestión, y evidentemente esto iba a significar una masa de recursos y importante para quienes habían sido los abogados patrocinantes de la provincia de Santa Fe. En 2017, ambos estudios, con una particularidad, uno de los estudios estaba encabezado por Rosenkrantz, por lo tanto, el pedido de regulación de honorarios lleva su firma entre otras, solicitan a la Corte Suprema de Justicia, Rosenkrantz era integrante de la Corte Suprema, regulación de honorarios por 18.000 millones de pesos por la tarea realizada”, expresó el legislador.

En tanto, sostuvo que “hoy nos encontramos en una situación similar a esa, con el agravante de que, bueno, si hay un acuerdo entre nación y provincia, por la forma de pago, y ahora están reclamando hacer efectivo el porcentaje que les correspondería”.

Finalmente, Toniolli, consideró: “Se entiende que Rosenkrantz debería excusarse, pero también entendemos que quienes comparten su labor diaria, en el marco de un cuerpo colegiado como en la Corte Suprema de Justicia, con uno de los beneficios de la decisión que tome la corte, que ni más dinero tiene que decir cuánto van a ser esos honorarios y los va a pagar también, si la nación o si la provincia del obtenido por el juicio, no es un tema menor. En función de eso nosotros decimos que se tiene que excusar Rosenkrantz, pero también sus colegas de la Corte y tienen que decidir al respecto un grupo de conjueces”.