El Senado de Brasil comenzó el martes una investigación sobre la respuesta del gobierno federal a la pandemia del coronavirus, que podría obstaculizar la candidatura a la reelección del presidente Jair Bolsonaro si conduce a un proceso de juicio político o cargos penales.

Durante mucho tiempo el mandatario brasileño minimizó la ferocidad del virus, al tiempo que se resistió a las medidas de confinamiento y al uso de mascarillas. Los contagios en el vecinos país estuvieron de forma constante en aumento.

Los ciudadanos enojados, los adversarios políticos y los funcionarios locales abrumados de todo el país han presionado a Bolsonaro para que adopte más medidas federales, incluso cuando públicamente se ha encogido de hombros ante estas preocupaciones, consignó CNN en Español.

Aunque la comisión del Senado no es un órgano judicial, tiene el poder de reunir pruebas para defender que se haga un juicio político. Además, la comisión también analizará las transferencias de fondos federales a los estados y municipios para luchar contra el covid-19.

«No estoy preocupado porque no debemos nada», dijo Bolsonaro a los periodistas el lunes sobre los resultados esperados de la comisión. Pero su destino político está en juego, con el Senado dividido a favor de derrocarlo para marcar el comienzo del ex aliado del gobierno Omar Aziz como presidente, junto con los opositores Randolfe Rodrigues y Renan Calheiros como vicepresidente y relator, respectivamente.

El senador Renan Calheiros, relator de la comisión, enfatizó la seriedad de la investigación en un discurso el lunes y prometió que los culpables «quienes tienen la culpa de la acción, omisión, desdén o incompetencia y serán responsabilizados».

La base debilitada de Bolsonaro

La investigación aprobada recientemente por la Corte Suprema que circuló entre los ministerios del gobierno para obtener información sobre las acusaciones contra Bolsonaro es un golpe para su base, que intentó impedir que la comisión investigara el tema de la gestión de la pandemia.

Las acusaciones incluyen afirmaciones de que Bolsonaro y su gobierno sabotearon las medidas de aislamiento, amenazaron a gobernadores y alcaldes que aplicaron medidas restrictivas y se negaron a usar máscaras o a alentar su uso.

Otro punto de controversia es cómo se ha manejado la pandemia en Manaos, la capital del estado de Amazonas, donde los hospitales están más allá de su capacidad. La comisión, respaldada por un estudio realizado por varios grupos académicos y sin fines de lucro locales, resolvió evaluar los retrasos en la compra de vacunas de Pfizer, la posible negligencia e incompetencia en la compra y administración de vacunas, el gasto excesivo en medicamentos con ineficacia demostrada y la falta de existencias de suministros necesarios como jeringas para el sistema de salud pública.

El estudio, basado en más de 3.000 discursos, entrevistas y acciones gubernamentales, encontró que el gobierno federal apostó por una estrategia de inmunidad colectiva para manejar el virus a favor de impulsar la economía brasileña.

«Desde abril del año pasado, existe una estrategia institucional para la propagación del covid-19 en Brasil, liderada por el presidente pero implementada por todo el gobierno federal para lograr la inmunidad colectiva a través del contagio. Esto es lo que concluye nuestro estudio», dijo a CNN la coordinadora de la investigación Deisy Ventura.

La amenaza de juicio político

Si la investigación provocara una votación de juicio político, se requerirían al menos dos tercios de los 513 diputados y una mayoría simple de 81 senadores para destituir a Bolsonaro de su cargo.

El vicepresidente y general del ejército, Hamilton Mourao, asumiría entonces el control del gobierno federal. Si la comisión concluye que el presidente cometió delitos comunes, la fiscalía general podría iniciar una investigación o presentar una denuncia ante la Corte Suprema.

La coordinadora de la investigación Ventura le dijo a CNN que una pregunta que se avecina es si hay suficiente voluntad política para investigar adecuadamente a Bolsonaro.

“El presidente no deja de difundir noticias falsas, no deja de incitar a la población a desobedecer a las autoridades sanitarias, no deja de incitar a la población a exponerse al virus. Incluso ante el colapso de la salud pública”, dijo Ventura. En opinión de los investigadores, continuó, las acciones del gobierno federal «pueden constituir un crimen de lesa humanidad».