Varias personas que concurrieron a fiestas clandestinas en la ciudad de Río Tercero, provincia Córdoba, fueron sancionadas este sábado de un modo muy particular: tienen que barrer veredas y mantener las plazas limpias.

Es la primera localidad argentina en promoverlo, una ciudad que tiene casi en un 80 por ciento de ocupación las camas de terapia intensiva y un promedio de 50 contagios diarios.

El intendente Marcos Ferrer fue quien tomó la iniciativa, que cayó bien en los casi 60 mil habitantes del municipio: «Quienes participen en fiestas clandestinas deberán pagar altas multas o realizar tareas comunitarias», sostuvo.

La normativa, que data de 2007, se encuentra en el Código de Faltas Municipal y hasta aquí no se había aplicado, «por eso creemos que es el momento adecuado para llevarla a cabo y crear conciencia en los que no respetan las reglas y visibilizar una sanción para que los que lo miran desde afuera. Buscamos generar un golpe de efecto», señala Ferrer, preocupado por las numerosas fiestas clandestinas en Río Tercero.

Ferrer, que es intendente desde 2019 y pertenece a la UCR, está convencido: «Somos hijos del rigor los argentinos. Como advertimos que faltan o fallan los organizamos de control, transgredimos las reglas porque sabemos que no habrá ninguna sanción. Bueno, eso acá no lo queremos más, pretendemos que sea una medida ejemplificadora y que haya una diferencia entre los que acatan las medidas y los infractores», expresó.

La decisión que motivó la implementación de la medida fue cuando se desbarató una fiesta clandestina con cincuenta personas a principios de mayo. «El anuncio se hizo hace un mes y las sanciones empezaron a realizarse los primeros días de junio con la presencia de dos jóvenes en un vacunatorio, que colaboraron para ordenar filas, chequear turnos y datos. Siguió esta semana con otras chicas a las que se les asignó pintar cordones y cunetas de la vía pública y seguirá con otra tanda la semana que viene, en una plaza, donde hay mucho para hacer», describió Damián Monti, director de la oficina de Recursos Humanos del Municipio.

La iniciativa del intendente Ferrer tuvo no sólo apoyo de todo el arco político local, sino que contó con la venia de los padres de los transgresores. «¿Se echó un moco el pibe? ¡Que aprenda!», parafrasea Monti a uno de los padres de un menor que tuvo que ir a acreditar los datos de su hijo de 17 años que se negó a pagar la multa de 40 mil pesos. «Que haga lo que tenga que hacer, de lo contrario no van a aprender más», es lo que descargó otro padre indignado.

El trabajo comunitario consiste en realizar tareas de entre 10 y 15 horas, depende de la actividad y las obligaciones del sancionado, que debe presentarse en la oficina del Departamento de Recursos Humanos municipal para comprometerse a cumplir con la multa. ¿Y de no concurrir? «Se lo llama hasta tres veces, sino se le aplica automáticamente la pena de 40 mil pesos».