Las mujeres de grupos feministas proponen quitar las sanciones contra las mujeres que decidan no tener a ese niño o niña y dicen que mueren miles de mujeres por culpa de la inacción del Estado para protegerlas de los abortos clandestinos. Del otro lado, el sector representado por la Iglesia Católica y sus adeptos acusa a esas mujeres de asesinas porque hay vida desde la concepción.
Con semejante distancia entre las posiciones, ¿hay posibilidades de que se apruebe una ley que deje conforme a ambas partes? Claramente no. Pero lo que sí hay es un avance en las discusiones parlamentarias para que avance en el Congreso el proyecto. La despenalización del aborto volvió a la opinión pública desde que el gobierno nacional determinó que se discuta el tema garantizando “no poner trabas” y dar vía libre a sus legisladores para que voten según su propia conciencia.
Despenalizar el aborto no lo torna obligatorio, y tampoco eso genera un marco propicio para que aumenten los mismos. La interrupción anticipada del embarazo de manera clandestina existe, y es una realidad insoslayable. Miles de mujeres cada año –más de 400 mil al año según las informaciones extra oficiales- se someten a esta intervención y muchas de ellas sufren las consecuencias de hacerlo sin los elementos necesarios para salvaguardar su propia salud. Lesiones crónicas, meses de internación y hasta la muerte en muchos casos ocurren en este mundo oculto.
Inclusive, ponen el foco de la discusión en la accesibilidad de las mujeres con recursos para atenderse en clínicas caras que practican el aborto contraponiéndose a las chicas que lo hacen en espacios infra humanos poniendo en riesgo su vida en una alta probabilidad. Y es allí en donde el Estado debería tomar partida, más allá de las creencias religiosas, éticas y morales.
El dogma de la Iglesia habla de que hay vida desde la concepción y es hace creer que un aborto es un crimen a un niño sin voz y sin posibilidades de defenderse. Con esa mirada, es lógico que desde la institución se baje esta línea respecto a la posibilidad de despenalizarlo. Además, insisten con que al ser ilegal, es responsabilidad de las madres el correr el riesgo que corren para interrumpir su embarazo y por eso el Estado no debería intervenir, ya que es un delito.
En el medio de estas dos posiciones seguramente está la justicia. Es difícil no ponerse en el lugar de las miles de mujeres que no quieren ser madres y que tienen que tomar esa decisión con su cuerpo y su mente. No debe ser nada fácil tomar la decisión y seguramente quedará en la cabeza de cada mujer para toda la vida después de ejecutarlo. No es razonable pensar que hay alegría, ni mucho menos, en las que deciden abortar. Por eso despenalizar no puede ser nunca promover, sino reconocer una realidad social y de salud que ocurre en nuestro país.
Callando, y alimentando el mercado clandestino, no se solucionan las injusticias. Más prevención, más educación, más promoción son los caminos para evitar más embarazos indeseados. Pero en definitiva la última palabra la van a tener los legisladores que a partir del próximo 6 de marzo tendrá ingreso en la Cámara de Diputados. Hoy, según datos extra oficiales, 1 mujer muere cada 2 días a causa de abortos clandestinos en nuestro país.
