La situación asfixiante en materia económica por el aislamiento social, preventivo y obligatorio en un contexto de pandemia por coronavirus genera muchas dificultades en distintos sectores. Algunos comerciantes que alquilan sus locales no están pudiendo abonar el alquiler y existen algunos locatarios que amenazan con un desalojo.
El Senador Provincial de la UCR y miembro del Comité de Emergencia Provincial manifestó: «La situación del mercado de alquileres de inmuebles está muy complicada y rodeada de incertidumbre, hay muchísimos comerciantes a los que se les cortó su fuente de ingresos».
«Los relevamientos indican una merma de más del 50 % del pago en el mes de abril en algunos distritos y esto genera que algunas inmobiliarias y propietarios, ante la falta de pago, intentan obligar a los locatarios a desalojar los inmuebles o a imponer condiciones extraordinarias pese a que el decreto presidencial lo prohíbe», agregó.
“Todos aquellos inquilinos o inquilinas de inmuebles que se utilizaban para desarrollar actividades comerciales o de servicios que hoy se encuentran suspendidas en virtud del aislamiento social dispuesto por el decreto nacional 297/20 tales como: bares y restaurantes, gimnasios, jardines maternales, peloteros, salones de eventos, discotecas, cines, teatros, salas para la reunión de actividades religiosas, actividades educativas y demás que hayan sido alcanzadas por dicha medida, pueden recurrir a medios legales de protección y amparo”, informó.
«Dada las circunstancias excepcionales por las que estamos atravesando y, caso de falta de voluntad conciliadora por parte del locador, los locatarios disponen de mecanismos regulatorios específicos para la situación en la normativa establecida en el Código Civil y Comercial de la Nación en los artículos 1203, 1091», explicó el senador Enrico y añadió: «Todo esto, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el decreto nacional No 320/20 que dispone el congelamiento de alquileres, la prórroga de contratos vencidos, la prohibición de penalidades económicas y la suspensión de ejecuciones que son complementarias de normas de protección para locatarios establecidas en la legislación nacional».
Por este motivo, Enrico solicita a las autoridades provinciales y municipales que correspondan, que brinden esta información en sus respectivos distritos a los fines de que “los inquilinos en estas condiciones puedan acceder a mecanismos de reconducción de contratos de alquiler o de redeterminación del precio del pago, para que estén protegidos por la ley y el marco jurídico vigente”.
