Desde el bloque de concejales del Frente de Todos piden que Rosario se adhiera a la medida del Gobierno nacional de congelamiento de tarifas de colectivo por 120 días. El anuncio hasta el momento sólo rige para el AMBA (área que conforma Capital Federal y los 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires más importantes) tras un acuerdo entre el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero y el Ministro de Transporte, Mario Meoni.
A través de un comunicado enviado a la prensa, pidieron «suspender por 120 días la vigencia de la Ordenanza que delega en el Intendente Javkin la potestad para fijar la tarifa del boleto del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Rosario» y explicaron que el objetivo es «proteger el bolsillo de los usuarios» mientras «se discute y articula una nueva política de subsidios con los otros niveles del Estado».
«Ese es el sentido de la Emergencia impulsada por Alberto Fernández a nivel nacional: congelar aquellos componentes que más influyen en la economía de las familias, hasta tanto se establezca una política de recomposición de salarios en favor de los sectores populares», agregaron en esa línea.
Los concejales que impulsan la medida son Eduardo Toniolli, Norma López y Alejandra Gómez Sáenz. «En esta etapa de transición hacia nuevas políticas de financiamiento del rubro por parte de los distintos niveles del Estado, creemos que el mejor lugar para lograr consensos en torno al sistema de transporte que Rosario necesita y sobre la forma de sostenerlo económicamente, es el Concejo Municipal, con la participación de los rosarinos y las rosarinas, a plena luz del día, de manera transparente y con los números en la mano, lejos de los acuerdos opacos con los que se viene gestionando el transporte de nuestra ciudad en los últimos años», continúa el comunicado.
Por último, recordaron: «En noviembre del año 2015, con un Salario Mínimo se podían comprar 971 boletos de colectivo urbano en la ciudad de Rosario, y hoy solamente 519, eso explica en parte la caída de un 26 por de usuarios en los últimos tres años y medio, y hace imprescindible la revisión integral de una política de transporte que no solo perjudica a quienes lo utilizan diariamente, en general estudiantes y trabajadores, sino también al mismo sistema, que está al borde del colapso».
