“He decidido que el Ejército Argentino, a través de su Compañía de Ingenieros (sic), participe de la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución”. Así anunciaba el presidente Alberto Fernández el pasado 7 de marzo, las medidas adoptadas para paliar la situación imperante en el Gran Rosario.
Sin embargo, diez días después, poco es lo que se ha avanzado en la implementación de la orden dictada por el Presidente en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA).
Y vale señalar que no es precisamente por rebeldía o mala voluntad de funcionarios civiles y militares del área de defensa, sino más bien por la falta de precisiones operativas, logísticas y -por sobre todo- por la ausencia de voluntad política para brindar a los efectivos militares la seguridad personal que requieren al tener prohibido portar armas por imperio de la ley de Seguridad Interior.
“Necesitamos que se marque una clara diferencia entre lo que es la intromisión militar en tareas de seguridad interior a lo que atañe a la propia protección personal de los efectivos militares. No es un planteo militar es un pedido basado en el sentido común que indica que se debe permitir al personal portar sus armas de puño exclusivamente para su propia protección”, explicó una alta fuente militar.
Si bien aún está lejano el despliegue de las tropas en la zona de operaciones, en las últimas horas una “avanzada” cívico militar arribó a Rosario para tomar contacto con autoridades locales y mensurar las tareas que se le han de encomendar a los militares.
Esta semana, un grupo de ingenieros militares y arquitectos civiles que trabajan en la dirección de Ingenieros e Infraestructura del Ejército recorrió diversos barrios de la ciudad junto con funcionarios del municipio, representantes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Subsecretario de Planeamiento y Coordinación Ejecutiva en Emergencias Martin Fiorenza.
En efecto, la visita consistió en un rápido recorrido de los barrios Empalme Graneros, Toba y Tío Rolo, zona donde se montó un fuerte dispositivo de seguridad para proteger a los militares y funcionarios civiles. “Una veintena de efectivos de Gendarmería Nacional y PFA han sido afectados para la protección de la delegación durante su estadía en la ciudad”, precisaron.
“Las necesidades de las zonas visitadas son de lo más variadas, faltan cloacas, tendido eléctrico, apertura de calles, tendido de redes de agua potable, zanjeo, pavimentos. Todo es muy precario. La gente nos ha recibido de muy buena manera”, señalaron allegados a la comitiva oficial.
Y agregaron: “Ahora se comenzó a trabajar en la confección de un informe de situación para que las autoridades correspondientes evalúen el alcance de las tareas, evaluamos que podemos iniciar con obras de mejoramiento de calles y algunas tareas relativas a la red de agua potable”.
