«Lo que acaba de pasar es bochornoso, usted tiene la misión extremar los recaudos para que haya sesión, no para que no haya, todos hemos visto como un diputado del oficialismo vino a la banca del diputado Olmedo y el Diputado Olmedo justificó su huida. Porque esto es lo que hizo. Sabía qeu había 128 diputados, uno más que estaba viniendo y conspiró contra el quórum. Esto lo tienen que saber sus co-provincianos», cuestionó Camaño luego del anuncio de Monzó.
Minutos antes a la sesión fracasada, los legisladores del interbloque Argentina Federal (Justicialista) y del Frente Renovador realizaron una conferencia de prensa en donde destacaron la necesidad de frenar «la insensibilidad del Gobierno con la política tarifaria», según afirmó el peronista Pablo Kosiner.
Además de estas dos bancadas, se habían comprometido a participar de la sesión el Frente para la Victoria-PJ; el peronismo puntano; el socialismo; el Movimiento Evita-Libres del Sur; la Izquierda y Espacio santafecino. Sin embargo, solo 125 diputados se hicieron presentes en el recinto.
Ayer, el propio Rossi hacía el siguiente cálculo: «De los que firmamos el pedido juntamos 80 diputados. Si se suman los 30 que aportaría Argentina Federal y los 20 que llegarían del massismo; estarían los 129 diputados necesarios para iniciar la sesión».
Si la oposición conseguía los diputados necesarios para iniciar la sesión, la ofensiva tenía muchas posibilidades de ser neutralizada por Cambiemos, que, una vez habilitado el quórum, ingresaría al recinto para impedir que la oposición consiga los dos tercios necesarios para habilitar el tratamiento de los temas en cuestión.
Es que, por no contar con dictamen de comisión, los proyectos necesitan esa mayoría especial para poder ser incluidos en el debate; unos 170 diputados, con los que la oposición sabe que no cuenta.
El pedido opositor de sesión especial se justificó «en la creciente preocupación de familias, comerciantes, empresarios, industriales, Pymes, cooperativas, clubes de barrio, sociedades de fomento y usuarios en general agobiados por los excesivos aumentos que desde hace dos años vienen padeciendo, en un contexto de creciente inflación y caída del consumo».
El más extremo de los proyectos propone congelar las tarifas de los servicios públicos y retrotraer los precios a diciembre de 2017.
Con una postura más intermedia, el interbloques Argentina Federal, integrado por mayoría de justicialistas; y Frente Renovador-UNA proponen que, a partir de «criterios de razonabilidad», los aumentos tarifarios no superen el índice de variación salarial.
Durante la mencionada conferencia de prensa, el massismo se hizo escuchar a través de Graciela Camaño, quien criticó con dureza al oficialismo: «Esta política tarifaria es creada en los excells de los muchos ministerios de Economía que tiene el Poder Ejecutivo y de la jefatura de Gabinete, con una total ignorancia de la realidad y hasta del territorio de la República Argentina».
Este encuentro marcó el acercamiento legislativo entre ambos sectores, situación que se comenzó a expresar en la reunión que hace diez días en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú reunió a diferentes actores del peronismo.
La ofensiva opositora se da días después de que la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, anunciara la presentación de un proyecto en el que pedirá informes al jefe de Gabinete, Marcos Peña, respecto de la aplicación de los aumentos de las tarifas de los servicios públicos por parte de las empresas prestatarias, y los controles realizados por los entes reguladores y el Ejecutivo.
En el mismo sentido, voceros del bloque radical, dejaron trascender que desde espacio se le presentarán al Poder Ejecutivo «aportes sobre la cuestión tarifaria, sobre todo en lo referido al gas».
FUENTE: INFOBAE
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