La Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, presidida por la radical Roxana Reyes, recibió este jueves a representantes de Unicef Argentina y la ONG Infancia en Deuda, quienes expresaron su preocupación por las consecuencias de la pandemia en los niños y adolescentes, especialmente en los sectores más humildes.
Reyes señaló que la reunión es parte «de una serie de encuentros que tienen por objeto hablar sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país en la pandemia y los desafíos que vamos a tener que enfrentar para garantizar el cumplimiento de los derechos y colocar a la niñez y las juventudes en el centro de la agenda política».
Luisa Brumana, representante de Unicef en Argentina, planteó su preocupación por la situación de los menores de los sectores más vulnerables y señaló que «entre 2019 y 2020 la cantidad de niños, niñas y adolescentes pobres en Argentina pasará de 53% a 62,9%, es decir que pasaría de 7 millones a 8,3 millones. En lo que respecta a indigencia o pobreza extrema se llegaría al 18,7% al final de este año»
«Hubo un 13% de los niños que tuvieron nula o baja intensidad en las actividades escolares. Cerca de un 10% de estudiantes quizás no regresen cuando reabran las escuelas. Esto representa a cerca de un millón de chicos. Este valor nos preocupa y nos preocupa la pérdida que podamos tener en la continuidad educativa. Se deben tomar medidas para que esto no suceda», afirmó.
Sobre este punto, la diputada nacional Claudia Najul señaló que «va a ser terrible que casi un millón de niños puedan quedar fuera del sistema educativo. Deberemos repensar entre todos cómo ir a buscar a cada uno de esos niños, niñas y adolescentes para que vuelvan, que retornen, porque si se quedan atrás en eso va a ser muy difícil recuperarlos»
Brumana también explicó que hicieron encuesta de hogares en abril y julio de manera telefónica y uno de los datos arrojados fue que en abril 60% comentó haber tenido ingresos laborales restringidos, lo que se redujo a 45% en julio. «Más allá de las aperturas laborales, en julio había 2,6 millones de hogares con sus ingresos laborales reducidos», dijo.
La representante de «Por Infancia en Deuda», Carmen Ryan, señaló que «las vulneraciones de derechos que ya se encontraban se volvieron mucho más fuertes en el proceso de la pandemia». Y pidió debatir profundamente el presupuesto público y asegurar que se cumpla la Ley de Protección Integral «que debe ser intangible y no poder sufrir reducciones y subejecuciones»
Francisco Rodríguez, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), señaló que «la conectividad es un requisito esencial para acceder a la educación y otros derechos, como son la salud, informarse, contactarse inclusive con los sistemas de promoción y protección de derechos, la cultura.»
«La ausencia de los recursos para acceder a la conectividad profundiza entonces las desigualdades. Cerca de un 60% de los estudiantes de las escuelas estatales no accede a un dispositivo con fines educativos o no cuenta con la conectividad adecuada para continuar con las tareas escolares de manera igualitaria», indicó.
