El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes el fin del plan de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), un programa promulgado por Barack Obama y que ha protegido de la deportación a 800.000 indocumentados. La suspensión se hará efectiva dentro de seis meses, de forma que el Congreso pueda encontrar una alternativa.
El fiscal general, Jeff Sessions, anunció la rescisión del programa esta tarde. Sessions, según destacó el portal The Huffington Post, es uno de los miembros del Ejecutivo más duro respecto a las inmigraciones. Y en esa misma línea, el presidente Donald Trump defendió la posición, señalando que la «prioridad» son «los trabajadores estadounidenses». «Nuestra primera y más alta prioridad en el avance de la reforma sobre inmigración debe ser mejorar los empleos, los salarios y la seguridad de los trabajadores estadounidenses y sus familias», dijo Trump en una declaración escrita.
El presidente, además, acusó a su antecesor de aprobar una iniciativa que «estimuló» la crisis humanitaria que sufrió Estados Unidos en el verano de 2014, cuando las autoridades del país se vieron sobrepasadas ante la llegada de miles de niños procedentes, en su mayoría, de El Salvador, Guatemala y Honduras. Trump consideró que algunos de esos jóvenes «se convirtieron en miembros de pandillas violentas en todo el país», como la Mara Salvatrucha (MS-13), un grupo que ha convertido a El Salvador en uno de los países más violentos del mundo y contra la que el gobierno de Estados Unidos ha iniciado una ofensiva policial.
Para el responsable del Departamento de Justicia, por otro lado, esta es una decisión «responsable», en la medida en que la actual Administración considera que el programa perjudica el acceso de estadounidenses al mercado laboral y contradice las políticas migratorias en vigor. «No podemos admitir a todos los que nos gustaría. Es así de simple», sentenció. Sessions, además, consideró que lo «compasivo» es acabar con el programa e implementar las leyes de Estados Unidos.
El fiscal general ha hecho alusión así a la promesa que hizo Trump para abordar con «corazón» el tema del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), un plan que, durante la campaña presidencial de 2016, prometió anular nada más llegar a la Casa Blanca.
La decisión del Gobierno, sin embargo, recién entrará en vigor el 5 de marzo de 2018. Son seis meses en total, un período en que el Congreso, el único con poder para cambiar el sistema migratorio, buscará una solución para regularizar la situación de los jóvenes indocumentados, conocidos como «soñadores» (dreamers).
El programa DACA fue promulgado en 2012 por Barack Obama y permitió que unos 800.000 jóvenes indocumentados frenen su expulsión del país, obtener un permiso temporal de trabajo y, en algunos estados, una licencia de conducir.
Los beneficiarios de DACA debían de renovar su inscripción en el programa cada dos años para seguir recibiendo sus beneficios. Y en ese sentido, el Gobierno determinó que los «soñadores» que tengan pendiente renovar su inscripción deben hacerlo antes del 5 de octubre, momento en el que ninguna nueva petición será aceptada.
