opinión

Seguridad para sostener la esperanza

Por Juan Martín, diputado nacional de Juntos por el Cambio.


Por Juan Martín

Diputado Nacional de Juntos por el Cambio

En el tratamiento del presupuesto nacional esta semana vimos nuevamente cómo el federalismo y en particular la Provincia de Santa Fe, repitieron una historia de rezago.

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Fue un nuevo capítulo de una serie cuyo argumento es el trato discriminatorio hacia los santafesinos por parte de un gobierno nacional. Una serie que vivimos ya con el kirchnerismo hasta el 2015 y que por desgracia, es bien conocida por los santafesinos.

Muestra de ello es lo estrictamente referido a la seguridad, donde existe una clara retirada del Estado en su rol de garantizar el orden, la paz y la tranquilidad de los argentinos.

Lamentablemente, no sorprende esta situación porque el presupuesto expresa, como cada manifestación de la ministra de Seguridad Sabina Frederic, una clara vocación del gobierno de correrse de la resolución del problema y dejar a los ciudadanos a su suerte frente a las mafias y las economías del delito.

Los números son claros: el gasto en las finalidades de Defensa y Seguridad disminuye en términos reales en 36.000 millones, un ajuste del 12%. Es la participación más baja de los últimos 10 años.

En Santa Fe, encima, el ajuste en términos relativos es más profundo. Tomando en cuenta el último presupuesto aprobado en 2019 y a los efectos únicamente de mantener en términos reales las partidas asignadas a Santa Fe, la detracción se aproxima a los 2.500 millones de pesos. Es un monto que equivale a 500 camionetas reforzadas como las que incorporó el Ejército a principios de año; o 1.000 efectivos federales desplegados durante el 2021 en la provincia; o el monto necesario para terminar las obras en la cárcel federal de Coronda.

Este recorte no puede ser más inoportuno. En la Provincia de Santa Fe vivimos una situación crítica en materia de seguridad.

Una situación que se arrastra desde hace mucho años, y que no es responsabilidad exclusiva de los actuales gobiernos provincial y nacional, pero que hoy expresa su peor faceta.

Llevamos en lo que va de 2020 más de 312 homicidios en la provincia: 80 en la capital, 173 en Rosario.

Y frente a esta situación crítica, el gobierno nacional le suelta la mano a los santafesinos.

¿Y quiénes sufren las consecuencias de esta retirada?

En primer lugar, los más humildes. Al ser librados a su suerte quedan expuestos a la ley del más fuerte, donde tienen todas las de perder.

Pierden también los jóvenes. En ciudades como la capital provincial, en 2019 el 60% de los homicidios tuvieron como víctimas a hombres y mujeres menores de 30 años.

*Por eso, hay que dejar de lado los prejuicios ideológicos y poner manos a la obra. La inseguridad no es un problema sólo de ricos o de una clase social en particular. Atraviesa a toda la sociedad No son ellos los únicos perdedores con este flagelo.

Porque también sufren los que tienen esperanza. Quienes creen que vale la pena hacer el esfuerzo de levantarse todos los días a estudiar, trabajar y crecer para construir un futuro mejor para ellos y sus hijos.*

Hace algunos años, en la provincia de Santa Fe nuestros jóvenes dejaban el campo para buscar oportunidades en las ciudades. Hoy ni siquiera eso: sienten que la única posibilidad para formar una familia en paz y con tranquilidad, es irse de nuestro país.

La angustia ya no es sólo la falta de crédito, la falta de certidumbre económica para invertir y vivir en un país que no valora el esfuerzo o el mérito.

La angustia que lleva a muchos a emprender un camino en otras latitudes es la de no saber si sus hijos van a volver sanos a casa. O si van a contar con su casa cuando vuelvan a su chacra o a su terrenito. O si va a estar usurpada.

A casi once meses de la asunción del gobierno nacional, no conocemos aún cuales son las líneas de trabajo del Ministerio de Seguridad. No se conocen, ni se sabe de hecho si existen siquiera.

Y es así como se multiplican las usurpaciones de tierras ante la inquietante pasividad de las autoridades nacionales. E incluso, con la participación de funcionarios públicos. No hay un silencio ingenuo: más bien parece un silencio cómplice. Y eso resulta intolerable.

La construcción de un entorno de paz y armonía en los campos y en los barrios de nuestros pueblos y ciudades resulta un imperativo.

No podemos resignarnos a tolerar que la violencia, la prepotencia y el apriete sean moneda corriente.

Contar con seguridad permite ejercer nuestros derechos y libertades más básicas. Sin seguridad la libertad es una quimera.

Y con el presupuesto que el oficialismo llevó al Congreso Nacional, lamentablemente se dio otro paso atrás. Y ese fue uno de los tantos motivos por los que no pudimos acompañarlo desde Juntos por el Cambio.

Es hora ya de avanzar en la senda de un federalismo real y de la justa distribución de los recursos. Debemos hacerlo además, pensando en construir un presente y un futuro de paz, orden y tranquilidad en la Argentina.

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