El Gobierno envió hoy al Senado el proyecto de ley para declarar «capitales alternas» a 24 ciudades de distintas provincias con el fin de reunir allí al Gabinete una vez por mes y relocalizar las sedes de organismos y entidades públicas.
La iniciativa fue uno de los anuncios de campaña del presidente Alberto Fernández y apunta a «acercar las políticas de descentralización y federalización a todo el territorio nacional» para «profundizar la gestión» atendiendo las problemáticas de «las diversas regiones que lo componen», según indica el proyecto de ley.
Además de declarar «capitales alternas» a 24 ciudades que fueron propuestas «por cada una de las provincias», el proyecto crea el programa «Gabinete federal» destinado a «realizar reuniones de trabajo» entre autoridades nacionales y locales y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
El texto establece que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, convocará a esas reuniones de trabajo «con una periodicidad no mayor a los 30 días y considerará en forma prioritaria a las capitales alternas para definir el lugar de reunión» el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, coordinará «la elaboración del plan de trabajo».
Los distritos propuestos son La Matanza y General Pueyrredón (Buenos Aires), Rosario (Santa Fe), Río Cuarto (Córdoba), Bariloche (Río Negro), Comodoro Rivadavia (Chubut), Concordia (Entre Ríos), Orán (Salta), Río Grande (Tierra del Fuego), Pico (La Pampa), Guaymallén (Mendoza) y las capitales de Formosa y San Luis, entre otros.
Los ministros y funcionarios nacionales que asistan a las reuniones deberán «llevar un registro de los temas abordados y cada uno en su competencia elevará un informe mensual de seguimiento» a la Jefatura de Gabinete.
En otro de sus artículos, el proyecto señala que el Ministerio del Interior tendrá a cargo «la coordinación del proceso de evaluación y selección de los organismos y entidades del Sector Público Nacional» cuyas sedes centrales «serán relocalizadas o instaladas en territorio provincial».
Para ello deberán tenerse en cuenta, según manda la iniciativa, «las competencias específicas del organismo bajo análisis; las propuestas recibidas desde los Gobiernos y Legislaturas provinciales y municipales» y «el impacto potencial de la relocalización o instalación de la sede central o delegación del organismo, en las diferentes jurisdicciones».
Asimismo, se deberán tener en cuenta «las condiciones necesarias en términos normativos, geográficos, presupuestarios y de dotación de personal, entre otros, para la concreción de la relocalización o instalación».
El proyecto no tiene fecha de tratamiento en el Senado, pero su ingreso formal a la Cámara alta lo ubica en la agenda de temas pendientes.
