bajo la lupa

Revocan el sobreseimiento de Aníbal Fernández y otros funcionarios en la causa de Fútbol para Todos y ordenan investigarlos

El caso había sido archivado por el juez Rafecas, pero el fiscal Pollicita dispuso que se reactive.


La Justicia federal ordenó investigar a Aníbal Fernández  y otros funcionarios por supuestos sobornos para acceder a derechos de televisación en el marco del escándalo mundial del Fifagate y el famoso plan del Gobierno de Cristina Kirchner Fútbol para Todos. Son ocho torneos que están bajo la lupa. El fiscal Gerardo Pollicita  fue quien había impulsado la denuncia, que luego archivó el juez Daniel Rafecas. Fernández y otros funcionarios habían sido absueltos. 

De acuerdo a lo consignado por la agencia Noticias Argentinas (NA), ahora la Sala I de la Cámara Federal porteña revoca el sobreseimiento de Aníbal Fernández, del otro exjefe de Gabinete como Juan Manuel Abal Medina; también de  Juan Gabriel Mariotto, Pablo Paladino, Ana Liliana Malecki, Silvina Mabel Arancibia, Juan Miguel Ripoll, Leonardo Ellenberg, Alberto Mario Pomato, Marcelo Eduardo Bombau, Bruce Barret Churchill, Daniel Alejandro Nofal, Alejandro Burzaco, Jacopo Bracco, Michael Alan Hartman, Eduardo Manuel De Abelleyra, William Langden Wedum, Carlos José García, Frederick Arnold Vierra, y Ronald Michel Kolders.

La denuncia había sido presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) contra Hugo Victor Jinkis, Mariano Alejo Jinkis y Alejandro Burzaco. Fue a partir de las detenciones y los datos que surgieron del escándalo mundial del Fifagate. Burzaco y los Jinkis eran los responsables de la firma que comercializaba los derechos de televisión.

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Fue en octubre

Concretamente, los empresarios están sospechados de haber obtenido los derechos económicos exclusivos sobre diversos eventos futbolísticos en los que había participado el Seleccionado Argentino de Fútbol desde el año 1991 hasta el 2015 mediante el pago de sobornos a las autoridades de la FIFA y la Conmebol. Esos acuerdos le permitieron vender a las empresas tales derechos de televisación, marketing y publicidad en forma ilegal al Estado Nacional.

El fiscal Pollicita calculó, siempre según NA,  que el pago del Estado Nacional a esas empresas por dos años fue de 33 millones de dólares y sobreprecios pagados por 19 millones de dólares. En los Estados Unidos, el empresario Alejandro Burzaco confesó ante la Justicia de ese país y reveló detalles del caso. Los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, aconsejaron que se le tome declaración sobre esos contratos bajo sospecha.

“En esta tesitura, más allá de la pertinencia de la eventual identificación de aquellos valores mediante un nuevo peritaje en los términos solicitados por el Fiscal, resulta crucial para esta pesquisa establecer si ha mediado algún acuerdo espurio que pudiera haber tenido como perjudicado al Estado Nacional o también, independientemente de aquella comprobación, respecto del cual hubieran obtenido beneficios indebidos tanto los funcionarios (...) públicos como los empresarios involucrados, existiendo aún otros caminos por recorrer a fin de llegar a su dilucidación”, concluyó la Cámara.

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