En el informe se establece que si se hubieran seguido los procedimientos legales y cumplido con las normas de seguridad, el siniestro no habría sucedido.
La Justicia rosarina rechazó la impugnación presentada por la empresa Litoral Gas que había puesto en duda los títulos que habilitaban a los peritos cordobeses para investigar los orígenes de la explosión ocurrida en Salta 2141, el 6 de agosto de 2013 en el que perdieron la vida 22 personas.
De esta forma el juez de la causa hizo lugar al informe proporcionado por el perito de parte de la Fiscalía a cargo de Graciela Argüelles, quien solicitó una segunda pericia. El magistrado concedió tres días para que los peritos puedan rebatir los fundamentos de Litoral Gas y presentar la documentación pertinente.
En la causa están procesados el gasista Carlos García y su ayudante, Pablo Miño; el gasista que trabajó doce días antes de la tragedia, José Allala, y los tres integrantes de la administración del edificio siniestrado, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli.
Los otros procesados por el delito de estrago culposo agravado son los inspectores de la empresa Litoral Gas Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba; el jefe de esa sección, Claudio Tonucci, y la gerenta técnica Viviana Leegstra.
