En un fallo histórico, la semana pasada la Justicia española condenó al Partido Popular (PP) y a su ex tesorero por beneficiarse de una trama corrupta. Por primera vez, un partido político fue condenado desde el regreso de la democracia a España.
El caso Gürtel lleva más de una década convertido en una pesadilla para el partido de Mariano Rajoy, quien llegó a admitir más de una vez que la corrupción es lo que más daño hizo a su formación.
La investigación central comenzó en 2007, tras una denuncia de un concejal del Ayuntamiento de Majadahonda, en la región de Madrid, que había recibido más de 260 mil euros como parte de la red de corrupción.
El sistema era comandado por una red de empresarios encabezados por Francisco Correa (por un juego de su apellido con la palabra gürtel, «cinturón» en alemán, la policía bautizó así el caso) que mediante sobornos y dádivas a funcionarios conseguían excepciones a los códigos urbanísticos y medioambientales para llevar adelante emprendimientos inmobiliarios. Diversos funcionarios y el propio Partido Popular se beneficiaron de esas dádivas y retornos por los beneficios empresariales.
En un inicio, la investigación fue instruida por el juez Baltasar Garzón, condenado en 2012 a 11 años de inhabilitación por haber ordenado grabar en la cárcel conversaciones entre los imputados en la causa y sus abogados.
Tras una larga investigación que se extendió por diversas regiones de España, la Audiencia Nacional anunció el último 24 de mayo condenas de 51 años años y 11 meses de prisión para Correa, 33 años de prisión y 44 millones de euros de multa para el ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y 15 años de prisión para su esposa.
El fallo también penalizó al Partido Popular con una multa de 245.492 euros por haberse beneficiado económicamente del caso Gürtel.
También la ex ministra de Sanidad, Ana Mato, que se benefició con regalos, fue sentenciada a pagar 27.857 euros.
El PP siempre negó conocimiento sobre la trama pero el tribunal que había juzgado la primera etapa del caso Gürtel, entre los años 1999 y 2005, consideró que el PP tejió con el grupo empresarial de Correa «una estructura de colaboración estable» y, simultáneamente, un «auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional».
En ese tiempo, el Partido Popular estuvo presidido, primero, por el ex presidente del Gobierno español José María Aznar y, luego, por Rajoy, que sigue al frente de la formación.
El sistema funcionaba con la manipulación de la contratación pública central, regional y local a través de una relación estrecha y continua de Correa con influyentes militantes del partido que han sido juzgados en la causa.
Según el tribunal, formado por tres jueces, parte de los fondos detraídos al erario público por la red de corrupción «sirvieron para directamente pagar gastos electorales o similares del Partido Popular, o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada caja B».
En ella, según la sentencia, las partidas «se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas», como las atribuidas a Luis Bárcenas.
Se hacían constar en esa contabilidad paralela «ingresos y gastos del partido» o en otros casos «cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido».
Los magistrados matizan que estos últimos aspectos se incluyen en la sentencia «únicamente» para «precisar el contexto» de los hechos enjuiciados, pues la caja B se juzgará en un procedimiento distinto.
El juicio, que empezó a finales de 2016 y duró trece meses, fue ampliamente seguido por los medios españoles y contó con la presencia como testigos, de destacados políticos, entre ellos, el propio Rajoy.
La difundida el viernes 25 de mayo por la Audiencia Nacional es la primera condena a un partido político como responsable civil en el lucro obtenido por una trama corrupta, ya que, según la sentencia, se produjo «un enriquecimiento ilícito en perjuicio de los intereses del Estado», en tanto que los actos delictivos de la trama «produjeron beneficios económicos cuantificables al PP».
FUENTE: INFOBAE
