Los damnificados por el incendio ocurrido en Laprida 972 la mañana del 3 de febrero de 2016, serán eximidos del pago de impuestos y servicios provinciales hasta tanto se determine la habitabilidad del edificio.
La iniciativa fue aprobada en la Legislatura santafesina este jueves, tras una propuesta de los diputados Rubén Giustiniani, Silvia Augsburger y Sergio Mas Varela y se espera que en breve sea tomada por el Senado Provincial para darle vigencia.
El proyecto plantea que «se eximirá del pago de tributos, tasas retributivas de servicios y contribuciones provinciales, correspondientes al inmueble a sus propietarios/as, en el período comprendido desde el mes de febrero de 2016 hasta que la repartición competente de la Municipalidad de Rosario determine su habitabilidad».
La gran mayoría de los damnificados después del siniestro no tenía donde ir. Además, los administradores no habían abonado durante mucho tiempo las pólizas de seguro. «Tuve varias reuniones con gente del edificio, que de hecho quedó totalmente inutilizable”, comentó Mas Varela sobre el estado de la propiedad.
En ese sentido, dijo: “Observamos que no era una situación de gente privilegiada que tiene otro tipo de salida económica. Era toda gente mayor que no tuvo más remedio que irse a vivir a un hotel o de prestado con familiares”.
El proyecto de Mas Varela se presentó el año pasado y tiempo después el diputado Rubén Giustiniani expuso un proyecto similar. Ambos fueron tratados de manera conjunta.
Entre otras cosas, la normativa autoriza al Poder Ejecutivo a «disponer las acciones necesarias a fin de suspender los cobros de facturas de la Empresa Provincial de Energía y Aguas Santafesinas durante el mismo período». Asimismo, encomienda gestionar ante la Empresa Litoral Gas idéntico beneficio tarifario.
«En un caso grave y excepcional como este, en donde 30 familias perdieron en un instante su vivienda, consideramos que la provincia debe brindarle a esas personas asistencia y acompañamiento frente a un hecho que tiene responsables en distintos niveles que deberán ser condenados por ello judicialmente», expresó Giustiniani.
La situación del edificio es deplorable y a más de un año del incidente, los moradores no pueden volver a habitar sus casas. El estado de la propiedad es crítico y algunos vecinos recibieron ofertas a bajo precio para vender sus propiedades. Se espera acorto plazo el municipio tome una decisión de viabilidad sobre al estructura.
«La reparación del inmueble requiere de una inversión millonaria, que sus habitantes estiman en 10 millones de pesos incluyendo solamente tareas imprescindibles para asegurar la estructura. Es por esto que consideramos importante que se asista a estas familias y se contribuya desde el Estado a asegurar la protección de la vivienda y que el inmueble no siga deshabitado y deteriorándose, lo cual representa una situación de peligro para el resto del barrio también», finalizó el legislador.
