Poco le importó el aislamiento social, preventivo y obligatorio a miles de choferes de colectivos que este jueves salieron a las calles de Rosario a manifestarse por el atraso en los salarios, en un contexto de crisis económica por la pandemia del coronavirus. El conflicto entre las empresas y el gremio, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), llevó a que el servicio se vea interrumpido durante 18 días consecutivos en la ciudad.
Por la masiva movilización en cuarentena un fiscal está investigando el hecho. Según revelaron desde el Ministerio Público de la Acusación a RosarioNuestro.com, el fiscal en turno de la Unidad Covid, Carlos Covani, solicitó a la policía que le notifique a los manifestantes que las movilizaciones no estaban permitidas en el marco de la emergencia sanitaria vigente, con el objetivo los trabajadores desistan de las protestas.
Fiscalía agregó que la policía, notificada por el fiscal, dio aviso a los manifestantes, y según las últimas informaciones, de persistir la movilización se iba a dar aviso a Fiscalidad para otro tipo de intervención. «En principio la primera intervención es policial y se va a tratar de hacer desistir de la de que continúe la manifestación por las cuestiones sanitarias», había informado este medio un vocero del Ministerio Público de la Acusación.
