La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación emitió hoy un dictamen favorable a un proyecto de reforma a la Ley de Alquileres, que busca bajar el costo que representa para los inquilinos la firma de los contratos de locación, a los que propone actualizar en base a la inflación anual difundida por Indec.
La decisión se adoptó en una reunión de la comisión de Legislación General de la Cámara baja, que preside Daniel Lipovetzky (PRO), en la que el oficialismo y la oposición introdujeron cambios al texto votado por el Senado, por lo que la iniciativa deberá volver a la Cámara alta luego de aprobarse en el pleno de Diputados.
El despacho de mayoría fue firmado por los legisladores de Cambiemos, mientras que en disidencia se manifestaron el Frente Renovador y los radicales Brenda Austin y Raúl Alfonsín. El Frente para la Victoria anticipó que presentará su propio dictamen avalando el texto votado por la Cámara de Senadores.
El proyecto limita a un mes de alquiler el monto que pueden cobrar las inmobiliarias, a lo que se suma otro mes de depósito. Cuando se produce la renovación del contrato, esos cargos se reducirán 50 por ciento, punto considerado clave por representantes de las organizaciones de inquilinos y cuestionado por el sector inmobiliario.
Para Ariel D’Orazio, de la Concejalía Popular de Rosario, lo que se presentó hoy en diputados, “responde a los intereses históricos de las cámaras inmobiliarias”. Según D’Orazio, esto demuestra que el diputado Lipovetzky “sintetizó es la defensa de un negocio por sobre la concreción de un derecho” consagrado en la Constitución Nacional.
En tono contrario, Lipovetzky afirmó que «es un paso importante el consenso logrado en Diputados para modificar la media sanción del Senado para tener una ley equilibrada porque es importante defender al inquilino pero también garantizar la oferta necesaria».
Uno de los puntos centrales es que los contratos de locación se mantienen en dos años –en lugar de tres años como decía el texto del Senado– y que establece que los precios se ajustarán por inflación, ya que en la actualidad es a propuesta del propietario.
Sobre este punto, el diputado macrista dijo que «con este gobierno tenemos un Indec que ofrece cifras fidedignas”. En el proyecto también se introdujo el concepto de «alquiler social», un programa por el cual el Estado subsidiará parte de los gastos de locación a personas de bajos recursos y fomentará la construcción de viviendas destinadas a alquiler.
Otra cuestión clave es que la garantía no solo podrá ser una propiedad sino el recibo de sueldo, certificado de ingresos, y cualquier otro que sea aceptado por el propietario.
También, el referente de los inquilinos dijo que desde comisión de Legislación General de la Cámara baja “no se convocó” a ninguna de las organizaciones de inquilinos para debatir el tema.
“Entendemos esto como un claro retroceso para los 7 millones de inquilinos que de aquí en más deberán someterse a contrataciones en condiciones indignas como lo viene haciendo pero más endurecidas por esta ley que lo que busca es seguir beneficiando a quienes concentran el capital inmobiliario en Argentina”, expresó.
Desde la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario, José Ellena se mostró satisfecho con el proyecto y citó algunos de los cambios que le parecieron positivos como el mínimo en los contratos que en el proyecto aprobado en el Senado preveía un mínimo de 36 meses para todos los contratos de locación y que con las modificaciones pasarían a ser 24 meses como lo está hasta la actualidad.
Ellena, argumentó que en algunos casos, habría que “ampliar” algunos ítems de la futura legislación, como son los honorarios, donde debería cobrarse lo que admita la legislación de cada jurisdicción. Aunque el empresario inmobiliario advirtió, que es mucho más preocupante la ley aprobada en la ciudad de Buenos Aires, donde según Ellena, cambia el efecto con el pago de honorarios por parte del propietario, lo que generaría un cambio en la figura de intermediario contratado por ambas partes.
Por otro lado, dijo que el proyecto presentado en la Legislatura santafesina por parte del diputado socialista Rubén Galassi, es muy “sui generis” ya que se le hicieron muchas modificaciones y merece un análisis más“sesudo” de todos los sectores.
