El paro general de este martes culminó con siete gastronómicos detenidos. Los sindicalistas están imputados por amenazas coactivas y compulsión a la huelga. La fiscal Valeria Haurigot fue quién fundamento el pedido de imputación en base a las pruebas recabadas en las últimas 24 horas.
Entre los elementos, se encuentran llamadas al 911 y testimonios dados a la policía de propietarios de los de los bares, encargados, mozos y algunos clientes. Según la funcionaria, estas declaraciones espontáneas “tienen más valides que las que se pudieran obtener más tarde si se los llamara a declarar”.
Haurigot solicitó también que los acusados acudan a firmar a sede judicial una vez por semana y tienen prohibido acercarse a los denunciantes y damnificados. En tanto, los imputados no dieron declaración y sus abogados se ampararon en el derecho a la huelga. Consultada por las penas, la fiscal detalló que podrían ser de los dos a los cuatro años de prisión, que serían condicionales porque ninguno tiene antecedentes.
