OPINIÓN

Pacto social

viernes 6 de julio, 2018

El lugar que debería reinsertar a los menores termina siendo un posgrado en materia delictiva para los chicos eyectados por una sociedad que mira para otro lado. Lo mismo sucede con los penales de mayores de todo el país. Y generalmente nos acordamos de la justicia cuando un reincidente mata, lo debatimos un tiempo y siga, siga.

Nos debemos una discusión profunda de qué hacer con aquellos que se alejan de la ley y que son un peligro para la sociedad, porque este sistema carcelario ha fracasado.  Falta inversión, pero sobre todo faltan decisiones legislativas, judiciales y ejecutivas de qué hacer con aquellos sujetos, menores sobre todo, que han torcido su vida y se sienten excluidos del sistema.

Las herramientas no son las mismas para todos. El medioambiente en donde uno crece es fundamental para prever cuál será el futuro de un chico. Un pibe de 17 años que entró 10 veces a una comisaría es un peligro para la sociedad, y mirar para el costado no es la solución. Y es un final trágico anticipado: mató a Juan Cruz, como podría haber muerto él.

Hacer como si ese chico no existiera, y solo dejarlo en libertad una y otra vez por una justicia de puerta giratoria, no hace más que poner en riesgo el futuro de ese chico. Corramos el eje del “peligro para la sociedad” si quieren. Ese menor es el que está en riesgo, poniendo su vida y su futuro al azar de un reviente, un atraco o un arrebato.

“Eligió ese camino”, dicen muchos. ¿Realmente lo eligió? Para elegir hay que tener oportunidades, y es de ahí desde donde la teoría garantista piensa en que es más culpable el Estado en su integralidad por excluir a este chico, que el mismo chico por las decisiones que tomó. Pero sin dudas que entre y salga no es la solución. Tampoco lo es, a mediano plazo, que ingrese a un instituto de menores.

De esos lugares salen con más resentimiento, generalmente. Por más que haya talleres, escuela primaria y secundaria y contención profesional, está estudiado que no se rehabilitan, que es lo que se pretende encerrándolos ahí. Entonces: ni afuera una, diez o cien veces, ni adentro de la cárcel de menores, porque no sirve para nada. Claramente llegamos fácil a una conclusión: no hay solución posible para el Estado hoy en día.

Y esa alternativa hay que construirla. Es necesario un pacto social, entre todas las fuerzas, las organizaciones y la sociedad civil para discutir qué hacer en un marco de una pobreza estructural del 30 por ciento con los chicos que deciden, o les toca, vivir en la realidad de la delincuencia. Ni los garantistas ni los anti abolicionistas nos pueden explicar cuál es la solución.

Debemos desde los medios ser responsables, y cada estamento del Estado hacerse cargo de la obligación que les toca. No se trata de echar culpas, o de mirar en la prensa a quién se le atribuyen los errores, si a mí o al otro poder. Hasta que a nivel nacional no se discuta seriamente este conflicto, sin caretas, y con real voluntad de solucionarlo, no vamos a parar de lamentar fallecidos, ya sean pibes fuera de la ley o simples inocentes como Maite o Juan Cruz, que estaban en el lugar equivocado.

Tal vez los legisladores, que terminan inmaculados en cada una de estas discusiones, sean los que tienen la llave. Pero sin un gran acuerdo social, es imposible de empezar a modificar esta triste realidad.

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