La medida la dispuso la jueza María Romilda Servini de Cubría. La causa se inició a partir de una denuncia formulada por el área de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP luego de corroborar la existencia de una estructura jurídica y operativa destinada a captar fraudulentamente sumas de dinero de ahorristas en todo el país, por fuera de lo que prevé la Ley de Entidades Financieras.
En la denuncia de la AFIP se detalló un entramado societario dirigido por un lado a captar el ahorro del público ofreciendo exorbitantes tasas de interés. Por otro lado, ese dinero se enviaba a distintas sociedades radicadas en paraísos fiscales, principalmente en Panamá.
La investigación penal avanzó sin tropiezos hasta que los funcionarios de la AFIP detectaron, en abril del año pasado, una maniobra de estafa procesal que consistía en la apertura de un proceso de acuerdo preventivo extrajudicial donde los imputados, fraguaron constancias documentales y balances comerciales de la firma HOPE FUNDS SA, para ofrecer fraudulentamente una solución de reintegro del capital a los ahorristas damnificados.
Esta irregularidad fue advertida por la AFIP a la jueza de la causa y derivó en el embargo e inhibición general de bienes sobre el patrimonio societario y personal de Blaksley para asegurar los daños causados por su maniobra e impedir nuevas medidas de ocultamiento de los bienes y dineros ilegalmente sustraídos.
Por último, la AFIP amplió la imputación del delito de evasión fiscal luego de constatar la simulación de pasivos que eran consignados en el balance de la firma Hope Funds con intención de eludir el pago del Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado. Esta investigación se extendió a todo el grupo económico dirigido por el propio Blaksley.
