El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y su par de Seguridad Patricia Bullrich presentaron este lunes en Rosario la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal, que busca resolver las causas con mayor celeridad. Entre otras modificaciones, otorga más poder a los fiscales, sobre quienes recaen todas las facultades investigativas, mientras que los jueces se limitan a decidir y a brindar las garantías legales necesarias.
En ese marco, el director Nacional de Prevención del Delito, Germán Pugnaloni, pormenorizó en la implementación de los cambios que ya están y marcha y se refirió a la cuestión de los recursos.
En diálogo con El Puente, programa que se emite por Radio Mitre, Pugnaloni repasó los orígenes del nuevo Código: «Es un sistema que cambia mucho con respecto al anterior. El viejo código funciona desde el 1991, pero éste se formuló en el Congreso en 2014 con algunas modificaciones hasta el 2018 y el 2019 que fue cuando entró en vigencia en Salta y Jujuy».
«El nuevo sistema se iba a poner en marcha de manera progresiva en todo el territorio, pero se detuvo con la llegada del nuevo Gobierno en 2019 hasta ayer, cuando hace más de un mes el Gobierno nacional tomó la decisión de implementarlo», prosiguió.
En ese sentido, explicó los beneficios del nuevo sistema en torno a los procesos legales: «Esto significa la posibilidad de tener procesos más rápidos, procesos orales y públicos con una dinámica distinta de investigación de causa, donde la investigación pasará a estar a cargo del fiscal y los jueces sólo se dedican a administrar la contienda que se genera entre fiscales y la defensa hasta el dictado de una sentencia».
De esta manera, el funcionario destacó el nuevo rol que tendrá el magistrado: «Los jueces dejan de tener el poder de investigación de las causas lo cual simplifica muchísimo el sistema. Esto lo adecúa a normativas constitucionales pues los magistrados deben ser imparciales y estar alejados de las investigaciones para así lograr , en la medida de lo posible, la objetividad».
Por otro lado, se detuvo en el papel de los fiscales: «Entonces la situación estará a cargo del Ministerio Público Fiscal donde se llevan adelante las investigaciones y se tiene dominio pleno de la acción penal pública para llevar sus pretensiones ante los jueces de garantía».
«Luego de esa primera etapa de investigación penal, si los fiscales tienen el convencimiento de que el caso puede llegar a una sentencia de condena, entonces se puede elevar ante un tribunal de juicio para que se haga un juzgamiento. Todo es mucho más dinámico y los tiempos se acortan considerablemente», agregó.
En tanto, Pugnaloni se refirió a la cantidad de recursos existentes para poner en marcha el sistema y subrayó: «Este es un proceso de implementación que lleva en marcha el Poder Ejecutivo nacional por una decisión de Milei con las carteras de Seguridad y Justicia en coordinación con el Ministerio Público Fiscal y toda la órbita de la Justicia, pero siempre genera opiniones divididas».
En la misma línea, añadió: «Por un lado, están los que plantean que hasta que no esté el último recurso y herramienta a disposición, entonces que el sistema no arranque. Pero por otro, estamos los que creemos que siempre es mejor lanzar a funcionar estos sistemas para que, en un plan de contingencia, luego se pueda ir ajustando».
«No obstante, la Justicia Federal Santafesina puso muy buena predisposición, pues tiene los edificios, tiene las salas de audiencia, se ha trabajado mucho a contra reloj, estuvieron hasta de 60 días para poner en marcha todo. Obviamente habrá que hacer ajustes y seguir mejorando todo», sentenció.
No obstante, reconoció que la gran cantidad de vacantes en la Justicia Federal supone un problema para el funcionamiento del nuevo modelo y aseguró: «A pesar de las distintas opiniones que se puedan o no tener, lo que sí falta es que se terminen de completar los cargos vacantes que tiene la Justicia Federal Santafesina debido a que hay más de un 30% de cargos libres, eso sí es fundamental para el correcto funcionamiento».
Para finalizar, recordó la ola de violencia e inseguridad que sucedió en Rosario, con los crímenes a cuatro trabajadores y concluyó: «Es fundamental que se cuente con esta herramienta mucho más moderna y dinámica que incorpora nuevas herramientas de investigación para poder resolver este flagelo».
