Este jueves la Cámara de Diputados de la provincia, dio media sanción al proyecto para expropiar el terreno de Salta 2141, identificado en Catastro municipal como 101/207/1/30/5. El fin, convertirlo en centro para la reflexión y memoria, donde también funcionaría, un espacio cultural. La medida estipula que se declare al inmueble de interés general y sujeto a expropiación por parte del estado provincial.
La propuesta prevé que en el primer piso se instale el Instituto Superior del Profesorado de Música “Carlos Guastavino”, que actualmente funciona en Santa Fe 1154, y en planta baja habrá un salón para uso de los familiares con el fin de realizar eventos solidarios.
Para el diputado Rubén Galassi: “De alguna manera están atemperando el profundo dolor que causó a los familiares de las víctimas esta tragedia, sin perjuicio de la investigación judicial en marcha que determinará las reales responsabilidades penales si las hay, por las cuales se produjo este trágico hecho”.
Con este proyecto se cierra una etapa donde se intentara, en parte, atemperar el dolor de los familiares y establecer ahí un sitio de memoria. Pero al mismo tiempo que se destine parte de ese espacio físico que albergue un edificio público del Ministerio de Cultura para enseñar y aprender la música.
En ese sentido, Galassi expresó: “Que recobre la vida a través de nuevas generaciones y que se haga a través de un concurso nacional participativo donde los familiares de las víctimas tengan un activo protagonismo en el desarrollo del mismo, es muy interesante”.
El legislador tomó esta resolución, tras una serie de encuentros con familiares, con el fin de garantizar que el terreno se convierta en un sitio público y no en un desarrollo privado. Ya que actualmente es propiedad de la compañía de seguros, que se lo abonó a los propietarios.
Para adrian Gianangelo, hermano de Débora María Gianangelo, una de las víctimas de la tragedia, la lucha de los familiares tiene dos aristas. Por un lado, la parte judicial donde aquellos que fueron responsables de la muerte de 22 personas “paguen con una pena de prisión efectiva”. Por otro lado, que el predio se conserve como “una memoria activa” para que eso no vuelva suceder. “Hubo mucha gente de Rosario que colaboró, la idea es que es espacio no quede desierto como está ahora, sino que sea un recuerdo emotivo para nuestros seres queridos”.
Gianangelo contó también, que el terreno tenía un propietario y que luego quedó en manos de la seguradora. Una vez que se pagaron las indemnizaciones comenzaron las dificultades para que se llevara delante la expropiación. “Había muchas decisiones empresariales y políticas encontradas, pero después con el consenso de los familiares y de algunos sectores políticos, se pudo”, dijo.
Oscar Urruty fue diputado provincial hasta el 2016, y uno de los legisladores que atendió a los familiares de las victimas que estaban con el proyecto de expropiación. Después de algunas reuniones con concejales de la ciudad, entendiendo igual que la legislatura puede actuar por sí misma, consideraron que para obtener un resultado positivo, era necesario que se votara en principio una ordenanza municipal. La misma fue aprobada de forma unánime.
El proyecto se presentó en 2014 y primero llegó a la Comisión de Urbanismo y Vivienda donde se trabó. Después recaló en Asuntos Constitucionales ya que Bonfatti, quien era gobernado en ese entonces, no estaba muy de acuerdo con el proyecto “Quedó detenido por que un grupo de diputados no daba el aval para que saliera de esa comisión”, recordó Urruty.
Los proyectos vencen en su proceso de tratamiento legislativo cada dos años. Oscar Urruty, volvió a presentarlo en el 2016, antes de dejar su banca, lo que permitió, que el proyecto no perdiera estado parlamentario. Si la decisión se hubiese demorado un mes más la expropiación ya no hubiese sido posible.
