Un escándalo estalló en julio del año pasado cuando se comprobó que 52 concejales de más de 30 municipios de Salta cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que el Gobierno, a través de Anses, entregó en los primeros meses de la pandemia y tenía un monto de 10 mil pesos. Ahora, 14 meses después, tendrán que devolver más de un millón de pesos.
Más de un año después, la Fiscalía y las defensas llegaron a acuerdos que ya fueron aceptados por los jueces Mariana Catalano y Julio Bavio entre principios de mes y la semana pasada. En total son más de 1.400.000 de pesos que los concejales deberán devolver. “Muchos ya empezaron a pagar y a cumplir con las tareas comunitarias”, contó una fuente a Infobae.
De todos modos, no todos los acusados aceptaron acordaron. Otros optaron por ir a juicio oral o pelear un sobreseimiento como han planteado en la causa. “Dicen que ellos no pidieron el IFE o que lo hicieron para otras personas. O que se inscribieron como una forma de hacer un instructivo para la gente de su pueblo y que no lo quisieron. También han dicho que prefieren pelear el caso en juicio porque con los acuerdos no puede ser candidatos en otras elecciones”, relató otra fuente.
Una derivación del caso fue que entre los funcionarios que cobraron el IFE estaban los directores del PAMI Viviana Fernández, Emilia Juárez y Javier Eduardo Navarreta que se desempeñaban en distintas localidades. Llegaron a juicio oral y Fernández y Navarreta fueron condenados a tres años de prisión en suspenso y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y ser empleados públicos. Juárez fue absuelta.
