La Provincia de Santa Fe vuelve a la carga contra el Estado Nacional para que se le cumpla con la deuda histórica de una vez por todas. La acreencia se generó en épocas del kirchnerismo y el actual gobierno nacional mostró predisposición al diálogo pero no al pago. Otra vez se rompe relaciones y se dilata la situación, ahora a la espera de una nueva resolución de la Corte Suprema de la Nación.
Miguel Lifschitz se cansó y volvió a la Justicia. Hubo tiempos de negociación en los que parecía haber terreno fértil para lograr el acuerdo. Pero se siguió dejando correr el agua debajo del puente y llegamos a fines de noviembre del 2018 sin ninguna concreción de todas las palabras que se dijeron en múltiples reuniones.
Sobre finales del año pasado, se firmó el acuerdo fiscal en el cual se incorporó el compromiso de la Nación de honrar la deuda histórica con Santa Fe. Ese documento, firmado por 23 de las 24 provincias, es uno de los principales argumentos que llevó el gobernador a la Corte Suprema para ponerle fin a la espera de la voluntad de pago del gobierno.
Además, llevaron archivos de cada uno de los encuentros que se produjeron durante estos tres años de gobierno de Mauricio Macri en donde se habían encontrado algunos puntos en común para llegar a buen puerto con las negociaciones. Todo eso hace que, en definitiva, se corten las líneas de comunicación entre ambos gobiernos y se de por iniciada la campaña 2019.
Lo que alguna vez se había calculado en 30 mil millones de pesos pasó a ser 52 mil millones sobre mediados del año pasado y ahora, con los números que tiene Gonzalo Saglione, Ministro de Economía de la provincia, la deuda asciende a los 75 mil millones “o hasta cerca de 100” según qué variables se tomen para realizar los cálculos.
“Son 50 hospitales de alta complejidad”, dijo Lifschitz mientras bajaba las escalinatas de la Corte hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para graficar un monto sideral que podría cambiar el futuro a corto y mediano plazo de la provincia.
La negociación, hasta que Santa Fe plantó bandera, venía sobre rieles pensando en bonos a varios años –serían 10-, algo de efectivo y obra pública direccionada para nuestro territorio. Pero desde el entorno de Lifschitz siempre fueron críticos de este último punto, ya que entendían que las construcciones que proponían eran de responsabilidad de la Nación por el simple hecho de tener la competencia de realizarlas, y querían elegir ellos los destinos de los fondos.
Eso trabó las cosas y es por eso que a un año de la firma del pacto fiscal, que indicaba que la propuesta formal de pago por parte de Nación tenía que ser antes del 31 de marzo de este año, no hay acuerdo y ahora, otra vez, define la Corte Suprema de justicia. Según estimaciones de los propios funcionarios provinciales, ahora tenemos que esperar, al menos, dos años más.
Por cierto, seguro que es el lanzamiento de una campaña que se viene caliente de cara al 2019 en Rosario, la provincia y la Nación. Porque, al día de hoy, no podemos descartar una candidatura de Lifschitz para competir por el sillón de Rivadavia.
