El secretario de Asuntos Penitenciarios, Pablo Cococcioni, anunció la semana pasada la creación de un protocolo para permitir el uso de celulares dentro de los penales de la provincia. Según lo que pudo averiguar Rosario Nuestro, su idea es que las autoridades de cada cárcel establezcan qué internos pueden acceder al beneficio, exceptuando siempre a los llamados “presos de perfil alto”. Sin embargo, lo que Cococcioni anunció como un beneficio es en realidad una restricción ilegal.
“En Argentina la pena máxima es la pérdida de la libertad. Cualquier otra pena por encima rompe la ley. Cuando el Estado viola la ley se transforma en lo que reprocha”, explicó Leandro Halperín, abogado, docente universitario, especialista en la problemática carcelaria; quien exige desde hace años una reforma estructural de las cárceles del país.
Los teléfonos y los reclusos
Es una discusión de fondo en la que intervienen muchos factores, pero para muchos penalistas los anuncios realizados por Coccocioni son una muestra clara de la falta de eficacia de su secretaría. “El problema no es que los presos tengan celulares, el problema es que el Estado no controle esas comunicaciones. Tiene que haber un registro de todos los teléfonos de los internos, para que ante cualquier inconveniente se pueda actuar”, señaló Halperín.
El abogado no planea una postura simplista ni reduccionista, sino que hace una lectura legal sobre una situación que no es nueva: “Siempre hubo teléfonos públicos en las cárceles. No es algo reciente que los internos hablen por teléfono. Tampoco es un delito comunicarse. Vender droga es un delito. Lo mismo que secuestrar gente o ordenar un ataque armado; pero que estos hechos se organicen por vía telefónica no es un agravante”.
Estas falencias estatales atentan contra la función rehabilitadora de los penales y fomentan los negocios ilegales de los empleados de servicio penitenciario con los internos.
Corrupción y oscurantismo intramuros
Permitidos o prohibidos, en las cárceles hay teléfonos y el principal problema es la falta de control sobre ellos. La determinación presentada por Coccioni da potestad a los directores de los penales para establecer quiénes pueden usarlos y quiénes no. En vez de plantear un reglamento, deja a criterio personal de los funcionarios el permiso para utilizar los celulares, algo que fomenta el oscurantismo, los arreglos entre individuos. “Si lo administra el servicio penitenciario, ya sabemos lo que pasa. Que un preso pueda tener celular o no, favorece tácticas que potencian la corruptela intramuros. Si al derecho lo convertís en privilegio, le das poder al que lo administra”, señaló.
Meritocracia
Para Halperin, la Argentina se debe desde hace muchos años una reforma integral del sistema penitenciario, para orientar las cárceles hacia una búsqueda de la rehabilitación de los presos y no hacia un castigo ilegal permanente. “Tenemos que estimular con lo mejor de la sociedad. Motivarlos a que hagan el recorrido que la sociedad pretende. Hoy la cárcel es una institución que hace daño a quienes hicieron daño. Pero en los resultados queda demostrado que es una lógica que no funciona”, explicó.
Leandro planteó la necesidad de dar pautas claras, objetivos concretos para que los reclusos los usen como guía. “Tenemos que plantear una meritocracia. A todos nos importa que de la cárcel salgan mejor porque cuando salen peor, el daño se le hace a los que están en la calle, no a los presos. Hasta ahora sólo hacemos cosas para que salgan peor. Hay que corregirlo”, cerró.
