La Cámara Federal de Casación Penal aseveró este jueves que el atentado contra la sede de la AMIA perpetrado en 1994, fue ejecutado por la organización terrorista libanesa Hezbollah, por orden de la República Islámica de Irán. En ese sentido, el ataque terrorista fue calificado como un crimen de «lesa humanidad».
Los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma fueron los encargados de dictar la sentencia. El hecho de establecerlo como un crimen de lesa humanidad, significa que el caso es imprescriptible y que puede ser juzgado en todo el mundo al aplicarse el principio de «jurisdicción universal». Por tal motivo, las víctimas pueden llevar el caso a tribunales internacionales o, en su defecto, el propio Estado argentino está habilitado para iniciar el trámite por vías diplomáticas, a través de la Corte Internacional de Justicia o tribunales arbitrales.
El fallo afirma que la responsabilidad de los atentados recae sobre Hezbollah, al actuar «bajo la inspiración, organización, planificación, y financiamiento de organismos estatales y paraestatales subordinados al gobierno de los ayatollahs».
Por consiguiente, el país que haya promovido o financiado actos terroristas, en este caso Irán, «asume una responsabilidad internacional. Aun cuando el acto terrorista haya sido cometido por un grupo no formalmente estatal pero que actúa bajo el control o dirección de aquel».
También determinaron que el origen del atentado se debió a que durante el gobierno de Carlos Menem, se cancelaron «tres contratos de provisión de material y de tecnología nuclear con Teherán».
También calificaron al atentado que sufrió la embajada de Israel en 1992 como un crimen de lesa humanidad y señalaron que Irán fue el responsable a través de Hezbollah.
Por otra parte, la sentencia contempló a las causas conexas, que se encuentran vinculadas al atentado terrorista, para lo que se pidió que se acelere una definición. A raíz de tal pedido, se le requirió a los poderes Ejecutivo y Legislativo que «definan con brevedad políticas públicas en relación a la instauración del proceso en ausencia», así como la creación de agencias federales que investiguen delitos tales como el terrorismo.
Reducción de penas y ratificación de condenas
La Cámara de Casación también analizó y modificó las condenas previas a los acusados de encubrir el ataque a la AMIA. Le rebajaron la condena al exjuez Juan José Galeano, de seis a cuatro años de cárcel por el presunto pago ilegal a Carlos Telleldín, quien habría involucrado de forma fraudulenta a policías bonaerenses en el atentado.
A su vez, ratificaron la absolución del anteriormente mencionado, Carlos Telleldín, un desarmador de autos, primer detenido de la causa, al considerar que el coche-bomba usado en el ataque no era el que Telleldín había vendido. Por lo tanto, no habría pruebas de que haya participado del hecho.
A los fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia se les mantuvo la pena de dos años de prisión. La ex mujer de Telleldín, Ana Boragni, fue absuelta. Asimismo, se desvinculó al juez Galeano del encubrimiento por la pista siria y quedó absuelto el difunto Carlos Menem.
Atentado a la AMIA
En la mañana del 18 de julio de 1994 un coche-bomba explotó en la puerta de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ataque que produjo la muerte de 85 personas y dejó 300 heridos, configurando así el mayor atentado terrorista de la Argentina.
