La jueza comercial Marta Cirulli dispuso este martes la intervención plena de la empresa Correo Argentino junto con el desplazamiento de sus directivos. Las medidas fueron tomadas por Carlos Zannini, Procurador del Tesoro de la Nación y Gabriela Boquín, fiscal ante la Cámara en el Comercial, tras el fracaso de las propuestas de pago de acreedores.
Según aclara el dictamen elaborado por la magistrada, tras 15 años de ordenado el salvataje de la compañía se produjeron actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa.
Las constancias de la causa deja en claro que la reticencia de la empresa ante requisitos del tribunal «imposibilitaban el conocimiento cabal del engrosamiento de sus nuevos pasivos, y arrojaba un manto de duda sobre la sinceridad de lo que venía expresando sobre su verdadero endeudamiento».
En tanto, las autoridades de Correo Argentino habían responsabilizado al Estado Nacional de haber provocado una situación de cesación de pagos y apropiarse de sus activos.
«No les resultó posible proporcionar tal información en razón de que habían sido desposeídos, en el año 2003, de sus registros informáticos y documentación respaldatoria», sostuvieron los representantes de la empresa.
En el fallo la jueza cuestiona «el procedimiento que viene evidenciando Correo Argentino SA en punto a la determinación concreta del pasivo posconcursal, incluso bajo la coadministración». Además, lo considera como un resultado «esquivo e imprevisible, y sigue arrojando un manto de duda sobre el esperable comportamiento sincero».
