Alejandra Gils Carbó ya no está al frente de la Procuración General de la Nación. En octubre de 2017 había anunciado que dejaría su cargo el 31 de diciembre, días después de que el juez Julián Ercolini la procese por la compra de un edificio. Inmueble en el cual se encuentran las principales oficinas del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Tras una investigación delegada en el fiscal Eduardo Taiano, el juez procesó a Gils Carbo junto a otras personas por defraudación a la administración Pública. El edificio que figura en la causa se encuentra en calle Perón al 600 y fue pagado con $43.850.000.
Anfinsa fue la empresa vendedora del Grupo Memberg que, a su vez, le pagó $7.000.000 de comisión a la inmobiliaria de Bárbara Jaureguiberry por el asesoramiento en la operación. A estas cifras se suman otros $3.000.000 que abonó esta última al productor de seguros Juan Carlos Thill, por la ayuda en la licitación. Este hombre es medio hermano de Guillermo Bellingi, quien desde su cargo de subdirector de Administración de la Procuración, condujo el proceso licitatorio que culminó con la venta del edificio.
No obstante, los camaristas Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens sostuvo que no hubo perjuicio contra el Estado, ya que el edificio se adquirió en valores lógicos y la millonaria comisión fue abonada por la firma privada que vendió el inmueble. De todos modos, sí hubo direccionamiento de la licitación y manejo de información privilegiada a través del tándem Bellingi – Thill.
De acuerdo con la investigación de Taiano y el procesamiento de Ercolini, la cifra pagada por Arfinsa terminó en las manos del hermano que acomodó algunos factores de la licitación para que sea ganadora la empresa del Grupo Bemberg. Por esto a Gils Carbó, Bellingi, Gonzáez Fischer, Jaureguiberry y Thill la Cámara los procesó por delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
