El diputado nacional de Juntos por el Cambio Federico Angelini repudió la millonaria compra de alimentos que realizó el gobierno nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social para paliar la situación de crisis por el coronavirus por registrar un considerable sobreprecio e indicó que se trató de «un verdadero escándalo”. Además, criticó la reacción del presidente Fernández que en “lugar de abrirle una causa judicial a los responsables «una vez detectados los precios abusivos salió a respaldarlos poniendo el foco en ¨las irregularidades de las empresas contratadas a tal fin».
«Nos parece un tremendo abuso que en una situación con la crisis de coronavirus como la que estamos viviendo el gobierno trate de comprar productos alimenticios con un 60 por ciento más del valor real, y más aún del valor que el mismo gobierno pone como precio tope de referencia», señaló Angelini durante una entrevista al aire del programa El Puente que se emite por Radio Mitre Rosario.
Si bien, el presidente en una nota periodística de este lunes indicó que la compra iba a quedar sin efecto porque aún el Estado no abonó la suma correspondiente a la empresa; el legislador de la oposición insistió en su accionar posterior y apuntó: ¨Cualquier funcionario en su lugar (de Alberto Fernández) tendría que haber iniciado un sumario judicial. Sin embargo, encontramos a un presidente que defiende a sus funcionarios y tampoco estamos seguros si esa compra no se va a hacer».
En el mismo sentido, Angelini manifestó que el jefe de Estado debió hacer una autocrítica directamente mediante la destitución del cargo del funcionario que encabezó la operación, en este caso, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. ¨No sabemos verdaderamente qué precios se terminarán pagando y a quiénes”.
Documentos en papel
Por otro lado, el funcionario criticó el formato en que las resoluciones gubernamentales se difunden a la ciudadanía en la actualidad. «Antes teníamos la posibilidad de rastrear los documentos de forma digital. Desde el fin de semana pasado el gobierno cambió esa metodología por una más engorrosa que son los documentos de papel haciendo casi imposible un control de las formas administrativas públicas. Todas estas irregularidades nos preocupan, y nos atrasa mucho en la transparencia del gasto público».
