Integrantes de la organización Familiares y Víctimas de la Inseguridad se reunieron este viernes por la tarde con el intendente Pablo Javkin y el gobernador Omar Perotti en la Municipalidad de Rosario, tras el acampe frente al edificio que fue llevado adelante los últimos días.
En ese sentido, los familiares les entregaron a las autoridades municipales y provinciales un documento contundente, en el que culpabilizan a todo el arco político por las muertes diarias que azotan, en particular, al Gran Rosario. En tanto, exigieron una serie de medidas para garantizar la seguridad y pidieron ser partícipes de la discusión a futuro para bajar los índices de violencia.
La situación que atraviesa la región “ya no es un ajuste de cuentas, ni las guerras de bandas, ni un ‘se matan entre ellos’… es la pasividad del estado y su decisión de no intervenir en el territorio a pesar que en reiteradas oportunidades el pueblo lo ha reclamado”, indicaron los familiares de víctimas en el documento.
“Tenemos derecho a peticionar, a exigir y sobre todo, a que se nos escuche, porque somos los damnificados en primera persona de la inseguridad”, sigue el texto.
“Nos hartamos, lamentablemente cada vez se nos suman más familiares, más víctimas inocentes de la inseguridad y la violencia armada. Nosotros no elegimos estar en este lugar, pero ustedes sí: se postulan prometiendo seguridad, pero cuando asumen no hacen más que relatar lo que padecemos y pasarse las responsabilidades”, indicaron.
En ese sentido, cuestionaron: “Todos son responsables, socialistas, peronistas, macristas, de izquierda a derecha y de arriba abajo. ¡Basta de tirarse con los muertos!”.
Por último, manifestaron que no están dispuestos “a seguir teniendo reuniones donde no se evidencien avances en la materia en discusión. No es la función de estos encuentros realizar “catarsis” de nuestros integrantes ni de los suyos, y mucho menos seguir perdiendo el tiempo”.
Además de Perotti y Javkin, participaron del encuentro por parte del gobierno provincial, la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, y el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia. En tanto, acompañaron al intendente el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, el coordinador General de la Secretaría de Género y Derechos Humanos, Martín Illia, y el titular de la Dirección de Asistencia y Empoderamiento de las Víctimas, Gonzalo Bonifazi.
A continuación, todos los puntos que la organización le exigió a las autoridades:
- La creación por decreto de una Comisión Especial de Seguimiento para las causas de Familiares y Víctimas de la Inseguridad, donde el Municipio, la Provincia y el Poder Legislativo aporten a la resolución de las situaciones en las que la Justicia NO AVANZA. De la misma manera que el Ejecutivo Municipal actuó con el caso del hijo de Valeria Mazza, debería ser siempre que padecemos la inseguridad y más si hay víctimas fatales.
- La creación por decreto de una junta consultiva con familiares y víctimas de la inseguridad, con los tres poderes del Estado, tanto municipal como provincial. Ya que no tienen pensado incluirnos en la junta provincial de seguridad.
- Universalización de ayuda económica, social, laboral y de vivienda para todos los sectores por igual, cesando de manera urgente toda discriminación a nuestro colectivo de familiares y víctimas de la inseguridad.
- La urgente aprobación a la Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas de la Provincia de Santa Fe.
- La urgente aprobación al Día Provincial del Familiar y la Víctima de Inseguridad de la Provincia de Santa Fe.
- Dada las distintas situaciones que se dan en cada uno de los casos que conocemos, vemos que es una constante la falta de tecnología para el análisis de evidencia rápida y concretamente. Por tanto, desde nuestro colectivo de Familiares y Víctimas de la Inseguridad solicitamos que se evalúe si hay fondos destinados a tal fin, se audite de qué forma se están utilizando. En caso de no existir, se pide realizar inversiones en esta materia, de forma tal que no sea necesario recurrir a otras provincias a tal fin (con la consecuente demora y esperas que no son acordes a la necesidad de Justicia ante los hechos perpetrados).
- Inversión en fiscalías. Es necesario redimensionar el sistema incorporando personal idóneo, en cantidad suficiente de forma que no haya saturación de casos per cápita de fiscales. Pero que estas nuevas incorporaciones se hagan dentro de un marco de evaluación de capacidades, evitando los “acomodos”, y que se evalúe periódicamente no sólo su idoneidad, sino también su rectitud y decencia.
- Implementación del proyecto Paradas Seguras y real funcionamiento de la aplicación Cuándo Llega en Rosario.
- Aprobarse proyectos de prisión efectiva por portación ilegal de armas.
- Priorizar partidas presupuestarias y fondos en desarrollar obras, fundamentalmente en barrios de la periferia.
- Incorporación de cámaras en móviles y en personal policial.
- Trabajar en el Agravamiento penal de hechos violentos donde tengan participación de vecinas, tal como documentan Mumalá y la concejala de Rosario Norma López por medio del Observatorio de Femicidios de “La Corriente”. Esto implica la necesidad de que se aplique la figura de femicidios en el agravamiento penal de cada investigación en contextos de criminalidad, como así también la violencia de género en los robos callejeros, entraderas y hechos violentos de inseguridad que afecten directamente a las vecinas.
- Reformar la Constitución, el Código Procesal Penal y el Código Procesal Penal Juvenil con la escucha, mirada y plena participación de las víctimas y los familiares de víctimas de inseguridad.
