Además de Ponce Asahad y Serjal

Fiscales en la mira: quiénes son los otros funcionarios judiciales que están siendo investigados

Es por no haber cumplido su labor con ética y honestidad, abriendo un sinfín de interrogantes sobre la fortaleza institucional de la justicia santafesina.


Por Ignacio Pellizzón

La justicia santafesina está atravesando uno de sus peores momentos institucionales. Cuatro fiscales están siendo investigados por no haber cumplido su labor con ética y honestidad, abriendo un sinfín de interrogantes sobre la fortaleza institucional de uno de los pilares fundamentales de la democracia como lo es la Justicia independiente.

La rimbombante noticia de que el empresario, Leonardo Peiti, ligado al juego clandestino y vinculado a la banda narcocriminal “Los Monos”, habría pagado coimas al fiscal Gustavo Ponce Asahad y al jefe de los fiscales, Patricio Serjal, para filtrar información, trabar causas y permitir, de alguna manera, que se cometieran delitos, pone bajo la lupa el funcionamiento de todo el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

¿Es necesaria la participación de miembros de la Justicia para que el delito organizado pueda operar en Rosario?; ¿Se trata de un hecho aislado o de una continuidad delictiva de años?; ¿es de fiar el MPA de la ciudad?; ¿hay más fiscales que reciben o recibieron coimas por parte de delincuentes?; ¿cuál es el nivel de implicancia que tiene la policía de la provincia de Santa Fe?; ¿la línea de corrupción llega a la política?; ¿a qué nivel jerárquico de la política podría alcanzar?; estas y muchas más preguntas surgen a razón de haberse destapado una olla que claramente era a presión.

EL CUARTETO EN LA MIRA

Adrián Spelta (titular del área de Homicidios Dolosos del MPA en Rosario), Mauro Blanco (fiscal de Venado Tuerto), Gustavo Ponce Asahad (fiscal a cargo de la Unidad Especializada en delitos relacionados al Covid-19) y Patricio Serjal (ex fiscal Regional de Rosario), todos están siendo investigados por la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, que preside el senador Joaquín Gramajo.

El primero de los acusados es, Adrián Spelta. En medio del boom de la pandemia, el fiscal fue cuestionado por haber acordado con la defensa de un narcotraficante, acusado de una triple tentativa de homicidio, la prisión domiciliaria.

Esto derivó en que tanto su accionar como el de los jueces intervinientes, sean investigados por el propio procurador general de la Corte de la Provincia, Jorge Barraguirre.

Mauro Blanco, es el segundo que se encuentra bajo revisión por la Comisión. A través de una escucha telefónica se descubrió que tenía vínculo con un dealer (vendedor de droga) del sur santafesino. A su vez, se vio llegar a un hombre de rasgos similares a los del fiscal en un vehículo perteneciente al MPA al domicilio del vendedor. Al allanar la vivienda del dealer, los agentes secuestraron armas de fuego, una balanza de precisión y plantas de marihuana. Se intenta dilucidar si la relación fue legal o ilegal.

Patricio Serjal, por su parte, tiene una particularidad con respecto a los demás fiscales. No sólo poseía un rango de mayor jerarquía –era jefe de los fiscales de Rosario-, sino que antes de que se lo nombrara en las coimas del juego clandestino, ya estaba siendo investigado por la Comisión por haber comprado dos autos en la concesionaria de una persona que había sido imputada bajo su jurisdicción.

Mientras la Legislatura avanzaba con el procedimiento investigativo, el empresario Peiti aparece como arrepentido y menciona que tanto Ponce Asahad como Serjal habrían recibido coimas de su parte por filtrar información, entorpecer causas y hacer la vista gorda frente al negocio ilegal que ejercía a través de casinos clandestinos.

UN CONTROL QUE ESTÁ “PINTADO”

Para el criminólogo Enrique Font el organismo que debería investigar de manera preventiva los hechos de corrupción dentro del MPA, “no funciona correctamente”, afirmó a Rosario Nuestro y ejemplificó: “En el caso de los fiscales, no fue descubierto por la Auditoria General de Gestión del MPA, sino que terminaron apareciendo de costado, es decir, por un arrepentido”.

Según el especialista, esto pasa mucho con la corrupción policial también. “La Auditoría está pintada”, disparó Font y agregó: “Este escándalo que estamos viviendo surge de rebote, porque sale de una investigación de Los Monos, es decir, fue de casualidad lo de los fiscales”.

Con años de experiencia y conocimiento del sistema judicial, el criminólogo destaca que “el ambiente de la justicia provincial en Santa Fe y en Rosario es chico”, con lo cual “todos sabemos dónde están las posibles hipótesis de corrupción y es, justamente, donde la Auditoría debería estar trabajando”.

Y cerró: “Es muy notorio que hay una fuerte falencia de control y regulación que el MPA debería hacer sobre sí mismo, para tratar de evitar que la corrupción que puede provenir de la ilegalidad o la legalidad, no pueda avanzar”.