Los cuatro detenidos por las amenazas de bomba fueron imputados hoy por el delito de intimidación pública. El juez Carlos Leiva dio lugar a la imputación presentada por la Fiscalía y dictó la libertad bajo firma en la Oficina de Gestión Judicial cada 15 días. Los arrestados son titulares de líneas telefónicas desde las cuales se realizaron las intimidaciones. La pena por el delito de intimación pública oscila entre los 2 y 6 años de prisión.
El jueves por la mañana, el fiscal Gustavo Ponce Asahad y el director de investigación criminal, Darío Chávez, brindaron detalles sobre las detenciones realizadas el miércoles por la ola de amenazas de bomba que sufren las escuelas de la ciudad. Los pesquisas explicaron que los cuatro arrestados son titulares de líneas telefónicas desde las cuales se realizaron las intimidaciones. Pero además plantearon los problemas institucionales y sociales que representan este tipo de prácticas.
Por un lado, Chávez explicó que la Provincia lleva gastados cerca de 5 millones de pesos en las más de 300 denuncias que se realizaron en lo que va del año. En los procedimientos de control de las escuelas —conocidos como Alerta Naranja— el Ministerio de Seguridad pone a trabajar a sus empleados calificados, que en muchos casos son corridos de su lugar de trabajo diario, debilitando los planeamientos de patrullaje y control. “En cada alerta, se movilizan cuatro o cinco patrulleros, con diez o doce policías. Pero también concurren al lugar personal de la Brigada de Explosivos y de Bomberos Zapadores, gente altamente instruida”, señaló.
De acuerdo a los datos aportados, se llegaron a registrar 10 amenazas en un solo día, desde diferentes números. “Nosotros lo que hicimos fue ordenar allanamientos, que tenían como objetivo la aprehensión de los titulares de líneas telefónicas que estaban sindicadas por las amenazas. Identificamos a las personas y secuestramos el teléfono. Todos los implicados quedaron a disposición del Colegio de Jueces y serán imputados mañana”, explicó Ponce Asahad.
¿Cómo sigue? Según los investigadores, a partir de ahora los procedimientos están apuntados a depurar las llamadas y establecer si existió tráfico de datos entre los teléfonos identificados, para establecer si actuaron en forma coordenada. Si los pesquisas establecen que los amenazadores se pusieron de acuerdo entre ellos la figura jurídica podría cambiar a asociación ilícita, un delito mucho más grave —que tiene una pena de aproximadamente 20 años de prisión—.
