MÁS POLÉMICA

En Buenos Aires declararon inconstitucional el protocolo policial impulsado por Bullrich

Un juez le ordenó a Rodríguez Larreta que en Capital Federal no se adhieran al nuevo reglamento.

Redacción Rosario Nuestro

miércoles 5 de diciembre, 2018

Por ser una” clara violación a la Constitución Nacional y Tratados Internacionales”, la Justicia porteña declaró inconstitucional el protocolo policial impulsado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. El juez Roberto Gallardo le solicitó a la administración de Horacio Rodríguez Larreta que no aplique en la ciudad de Buenos Aires la medida que modifica el empleo de las armas de fuego en las fuerzas de seguridad.

El magistrado en lo Contencioso Administrativo y Tributario hizo lugar a un amparo presentado por la legisladora porteña Myriam Bregman, acompañada de la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Violencia Policial e Institucional (CORREPI) y Carla Lacorte, víctima y sobreviviente de un caso de gatillo fácil.

Gallardo le ordenó a Larreta que con carácter urgente “se suspenda la medida ordenándose abstenerse a aplicar lo allí dispuesto hasta tanto se dicte sentencia respecto a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Resolución”.

La polémica resolución 956/2018 entró en vigencia esta semana luego de haber sido publicada el lunes en el Boletín Oficial, una medida que da, entre otras cosas, la autorización a las fuerzas federales de usar armas de fuego sin necesidad de dar la voz de alto o disparar contra sospechosos en fuga.

Durante esta semana, el propio Larreta en consonancia con todo Cambiemo, había apoyado la resolución de Bullrich, a diferencia del gobernador de Santa Fe, Miguel Lifscthiz, que lo rechazó. “Trabajamos muy bien en equipo con la seguridad nacional, somos un solo equipo”, había afirmado unas de las manos derechas del presidente Mauricio Macri.

Sin embargo, este revés de la Justicia porteña solo siembra más el manto de dudas sobre la resolución. Es que en el escrito presentado por Gallardo también aseguran que el nuevo reglamento “afecta el derecho a la vida y a la integridad física de las personas, garantizado en el ordenamiento constitucional y en el ordenamiento internacional”.

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