DESCANSO DOMINICAL

Empleados de Comercio rechaza la designación de un séptimo juez

El abogado de la entidad repudió la decisión de la Corte Suprema santafesina.

Por Diego Montejo

martes 19 de septiembre, 2017

El abogado de la Asociación Empleados de Comercio de Rosario, Nicolás Mayoráz se refirió esa tarde a las condiciones judiciales que atraviesa la causa por el descanso dominical y dijo no estar de acuerdo con la decisión del máximo tribunal de desempatar a través de un séptimo juez.

“Venimos cuestionando este procedimiento desde antes. No nos parece bien que tengan que poner un camarista para resolver algo que tiene que resolver la Corte. Acá si hay empate, la ley orgánica dice que el que tiene que resolver es el presidente de la Corte con doble voto.

“La ley no dice que podrá usar el doble voto si el Presidente decidiera. Por el contrario, señala que en caso de empate el voto del Presidente dirime, o sea, es automático”, aclaró el letrado.

La Corte basó esta decisión de no utilizar el voto como una costumbre que fijó jurisprudencia: cada vez que suceden empates técnicos, se designa un séptimo juez y se entiende el voto doble es un privilegio que los presidentes no quisieron usar.

“¿Cuál es el grado de independencia que tiene un juez al que ahora tienen puestas todas las luces sobre él?”, se preguntó el abogado y agregó: “Para eso existe un tribunal; quien tiene que decidir es la Corte. Este juez no tiene ningún compromiso con nadie: va, firma y se vuelve a su oficina. Vemos que no es prolija esta solución”.

La Corte Suprema de Santa Fe definió esta tarde al juez que se encargará de la cuestión de fondo de la ley de descanso dominical, sancionada en 2014. El magistrado, designado por sorteo, ocupa el fuero Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe. Se trata de Abraham Luis Vargas, quien integra la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe.

El camarista será el encargado de resolver los argumentos pertinentes para encontrarle una salida al conflicto entre las grandes cadenas de supermercados y la Asociación de Empleados de Comercio (AEC) sobre la normativa sancionada en 2014, la cual prevé el cierre de comercios los domingos para aquellos cuya dimensión supera los 120 metros cuadrados.

La semana pasada, la Corte provincial hizo un último esfuerzo para intentar acercar a las partes a una conciliación. Sin embargo, esa reunión fue catalogada por el gremio mercantil como “un fracaso”, ya que ninguno de los actores involucrados se movió de su postura.

Los antecedentes del juez

En el 2001 los abogados Heduerd Benavídez y José Marincovich radicaron una denuncia contra el juez en lo Civil, Comercial y Laboral de Tostado, Abraham Luis Vargas, a quien acusaron de haber presionado a testigos para que firmaran un acta judicial de contenido falso, entre otras irregularidades.

La presentación fue realizada ante la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, órgano que además debe revisar las sentencias de los jueces de primera instancia.

Los denunciantes aseguraban que el juez Vargas –quien en ese momento ejercía su magistratura en Tostado- realizó una inspección judicial en un terreno, les tomó declaración a los vecinos, pero omitió labrar el acta correspondiente en el lugar. En tanto, algunos acusan que presionó a los testigos para que concurrieran al juzgado algunas horas más tarde, donde los habría obligado a firmar el acta que, según denuncian, fue falseada en su contenido.

El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en 2013, la Corte se expidió diciendo que no era su responsabilidad sino del Poder Judicial de la provincia remover a Vargas de su cargo.

La Constitución Nacional no asume ninguna postura respecto a la responsabilidad civil de los magistrados derivada de la actividad judicial que resulte aplicable a jueces provinciales. En estos términos, explica que no hay fundamento para exigirle a las provincias el respeto de una cláusula que la misma Constitución Nacional no estableció para ellas. El juez recibió una suspensión por parte de la justicia santafesina, pero no fue removido.

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