El Gobierno nacional prorrogó la prohibición de despidos en el marco de la segunda ola de la pandemia de coronavirus, hasta el 31 de mayo. Sin embargo, un dato llamó particularmente la atención: el rubro de la construcción está exceptuado de la medida.
«Prorrógase hasta el 31 de mayo de 2021 la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor», reza el decreto en su artículo segundo.
De acuerdo al artículo 5, según consigna la agencia Noticias Argentinas, quedan «exceptuados o exceptuadas de las prohibiciones quienes se encuentren comprendidos o comprendidas en el régimen legal de trabajo para el personal de la industria de la construcción de la Ley Nº22.250».
En tanto, remarca que las prohibiciones «no serán aplicables a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto N° 34/19 ni al Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, ni a sociedades, empresas o entidades que lo integran».
En el artículo 3 del decreto, se establece la prórroga «hasta el 31 de mayo de 2021 la prohibición de efectuar suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo».
Además, resalta que «a raíz de la situación de emergencia, no solo se adoptaron medidas tendientes a la protección de la salud sino también aquellas que tuvieron como objetivo ayudar a las empresas a sobrellevar los efectos de la emergencia, entre ellas, la postergación o disminución de diversas obligaciones tributarias y de la seguridad social».
La medida, que rige desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, se enmarca dentro de la expansión de las restricciones a la circulación y a ciertas actividades económicas para enfrentar la segunda ola del coronavirus.
En ese sentido, aclara que «en virtud de la prolongación de la emergencia (sanitaria) en el tiempo y el agravamiento de la situación imperante deviene necesario prorrogar la oportuna adopción de medidas de idéntica índole asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo».
También subraya que «resulta indispensable continuar garantizando la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable en aras de preservar la paz social y ello solo será posible si se transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no con medidas unilaterales de distracto laboral, que no serán más que una forma de agravar los problemas provocados por la pandemia».
Por último, destaca que «conforme lo previsto por el artículo 5º del precitado Decreto N° 367/20, el financiamiento de las prestaciones otorgadas para la cobertura especial de la presunta enfermedad profesional COVID-19 será imputado en un ciento por ciento (100%) al Fondo Fiduciario de Enfermedades Personales creado mediante el Decreto N° 590/97 y sus modificatorios».
