En contacto con Radio Mitre Rosario, Adolfo Villate, fiscal de la causa Tognoli, dijo que el pedido de 15 años de cárcel para el exjefe policial acusado por sus conexiones con el narcotráfico, fue el resultado de una derivación de otras investigaciones en el marco de la denominada causa Miguens. Además, indicó que se conoció la existencia de una conversación a través de mensajes de texto donde el narcotraficante de Villa Cañás, Carlos Andrés Ascaini, “arreglaba directamente con Tognoli” y que “le pagaba 30 mil pesos mensuales de coima”.
“Acá hay una única causa en la cual se investigó la connivencia que había entre Tognoli, otro agente de policía llamado Néstor Juan Fernández y un narcotraficante de la ciudad de Villa Cañás llamado Carlos Andrés Ascaini. Esa es la causa en la cual se dispuso oportunamente la detención de Tognoli y por la cual llegó a juicio”, informó el fiscal.
Villate remarcó que este pedido de condena a 15 años de cárcel para Tognoli es una derivación de otras investigaciones.
Los datos surgieron de parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. “Este tipo de investigaciones son muy complejas porque casualmente al estar implicada la fuerza de seguridad, que debería ser la encargada de investigar la comisión de estos delitos, probar la existencia de una complicidad y de una sociedad con un narcotraficante, no es algo sencillo porque uno nunca va a encontrar un papel escrito donde se firme un contrato”, dijo. Y agregó: “Se fueron sumando distintos indicios para al final considerar que se encuentra suficientemente acreditado, que esto efectivamente fue así”.
El fiscal también detalló: “Establecimos un paralelismo con una causa de la ciudad de Santa Fe en la que se lo condenó a Tognoli y en la que se había establecido que él había brindado también cierto encubrimiento a un narcotraficante de apellido Mendoza”.
Villate aclaró que el pedido de 15 años de cárcel es porque la escala penal que le corresponde a ese delito con agravante por el hecho de ser funcionario público y por la intervención de tres o más personas, va de 8 a 20 años de prisión. “En este caso nos pareció apropiada la pena de 15 años”.
Por último, fue crítico con la justicia: “Dos juzgados federales tampoco alcanzan pero insisto que quien debe investigar en este momento y más si se implementa el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, tiene que ser el Ministerio Público Fiscal, los que deben adaptarse más que nada son las estructuras de la fiscalía para poder investigar como corresponde”.
