«Al ex fiscal Rodrigo podría caberle una pena de entre 3 y 10 años de prisión”, señaló Jorge Baclini, el fiscal General de la Provincia, durante la conferencia de prensa que realizó hoy para aclarar la situación del ex investigador —renunció ayer por la tarde— que habría intervenido el teléfono de su ex novia, sus amigas y el padre de la joven. Según el jefe de los Fiscales, durante los allanamientos del caso, se secuestraron cerca de 150 CD´s con escuchas. Con la renuncia del implicado a su cargo se cierra el trámite administrativo y se da pie a una investigación penal que podría llevar a que el sospechoso nunca más pueda trabajar como funcionario público.
En su charla con la prensa Baclini explicó que un investigador para intervenir un teléfono debe pasar por un proceso controlado de tres pasos: una solicitud por escrito ante la Oficina de Gestión Judicial, que luego eleva el pedido a un juez , quien posteriormente genera una reunión cara a cara con el fiscal para interiorizarse en forma verbal sobre los detalles del caso.
El ex fiscal Rodrigo pasó por estas instancias para lograr la intervención. «En las escuchas siempre hay una metodología que es bastante prolija con pasos y procedimientos, entre la Oficina de Gestión Judicial y los jueces. Cuando un fiscal, en medio de una investigación, considera necesario intervenir un teléfono, porque hace a la detección de información, hace una presentación ante un juez, a través de la Oficina de Gestión Judicial. El fiscal solicita al juez con una argumentación que él entiende necesaria para su investigación», explicó Baclini.
En la misma línea, prosiguió: «La presentación se hace por escrito y normalmente el juez pide que el fiscal le dé alguna otra argumentación verbalmente. El magistrado autoriza fundadamente por escrito y libra un oficio a la autoridad encargada de hacer la investigación. Hay situaciones que son impredecibles; por eso buscamos perfeccionar el proceso».
Al parecer, Fernando Rodrigo habría introducido los números de celular de su ex pareja y allegados a ella en medio de diferentes investigaciones por varios hechos paralelos. De todas maneras, aclaró que esto aún no fue determinado y aún es materia de investigación.
«Las penas oscilan en lo que es el conjunto de delitos. Hay varios delitos imputables: incumplimiento de deberes de funcionario público, abusos de autoridad, intervención ilegal de comunicaciones. Podría ir preso de 3 a 10 años», advirtió.
