El presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped, Ignacio Maglio, afirmó este jueves en CNN Radio que “hay indicios de que se trata de un grupo de profesionales marginales que ejercen un terraplanismo sanitario” y “van en contra de las evidencias científicas”, al aludir al contexto de la muerte de un paciente de 92 años con coronavirus en el Sanatorio Otamendi luego de que le aplicaran dióxido de cloro por orden judicial.
En el programa Café con Pepe, el abogado subrayó que estos médicos “tienen posturas antivacunas o contra el uso del barbijo”, por lo cual, enfatizó, en la investigación por el fallecimiento de Oscar Jorge García Rúa “podemos encontrarnos con sorpresas. Acá la discusión no es dióxido de cloro sí o dióxido de cloro no. Es dióxido de cloro no”.
En diálogo con Pepe Gil Vidal, el asesor del Ministerio de Salud acotó que el médico que prescribió el dióxido de cloro “indica en su defensa que la administración se hizo por uso compasivo. Eso puede hacerse solo si existe un estudio clínico en fase 2”, lo cual no ha ocurrido en este caso, remarcó.
“Dentro de este desastre, la administración la hizo el médico que lo prescribió (Dante Converti). El Otamendi apeló”, expuso. “Varias sociedades científicas presentaron una denuncia en el Consejo de la Magistratura por ejercicio temerario e imprudente del juez” que ordenó la administración del compuesto químico (Javier Pico Terrero, del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 7). “Con un solo clic en internet hubiera advertido que el dióxido de cloro está contraindicado. Es una sustancia tóxica”, agregó.
“El consultorio del médico fue allanado. Aparentemente, tenía la matrícula vencida”, expuso, al mismo tiempo que se refirió a “una serie de dislates que pueden generar un efecto simbólico negativo. No juzgo a la familia del paciente, la comprendo en su desesperación”.
“Siendo benevolente, podría catalogar lo que pasó como sorpresivo. Pero es un escándalo con denuncia por mala praxis judicial”, destacó el también asesor letrado de la Sociedad Argentina de Infectología.
“La ANMAT, en agosto, alertó que el dióxido de cloro es una sustancia peligrosa. También lo dice la Organización Mundial de la Salud”, cerró.
El juez Pico Terrero hizo lugar a un pedido de la familia de García Rúa para suministrar dióxido de loro (CDS) intravenoso e ibuprofenato de sodio en nebulizaciones. Si bien el Otamendi se negó, aduciendo que este tratamiento no está aprobado por la ANMAT, el neurocirujano Converti, quien recomendó el compuesto, aplicó la sustancia.
