OPINIÓN

El Derecho a mentir

Por Gustavo Feldman.


El presidente recibió a la que fue la última directiva privada del grupo Vicentin, accediendo a un pedido de la empresa. El gesto tuvo dos motivaciones. Por un lado, distender la situación que se daba unos 800 km al norte con el interventor interceptado entre el hotel y la sede del Grupo en la ciudad de Reconquista; y por el otro, ratificar rotundamente la decisión política expuesta y de ser necesario nutrirla del discurso jurídico correlativo. Así, se explica la presencia ese martes en Olivos de Vilma Ibarra, cerebro jurídico del presidente.

Con el correr de los días se conocieron más y más datos de todo el affaire Vicentin, que como los mismos dueños, herederos, consortes y amanuenses, tiene mas de 90 años, pero el velo comienza a correrse realmente recién ahora.

El articulo 18 de la Constitución Nacional consagra entre otras cosas el derecho a mentir de todo imputado, sindicado o sospechado de haber cometido una acción ilegal en principio presumida como delito penal. NO importa quién ni por qué ese derecho existe y puede ser blandido y usado.

La “familia" VICENTIN ha hecho conocer hace pocas horas una solicitada fijando posición respecto de la situación actual y puntualmente respecto de la decisión presidencial de salvar la empresa, sus fuentes de trabajo y el patrimonio de cientos y cientos de acreedores que sucumbieron por la angurria y la falta de escrúpulos de VICENTIN; de quienes pergeñaron o son aludidos en esa solicitada.

Verdades a medias, obviedades y mentiras jalonan la tibia y pueril RESPUESTA  ante la contundencia de la realidad y la investigación parlamentaria y judicial que inexorablemente se avecina, y de la cual sin dudas surgirá la identidad de personas y personeros ligados al Grupo y a la “familia".

Basta repasar los datos ciertos y comprobados volcados a las muchas y buenas crónicas periodísticas que pueden verse tanto en los medios como en las redes. La intervención de naturaleza cautelar dispuesta por DNU y la iniciación y prosecución del 5 parlamentario de declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación de la empresa, lejos está de ser el epílogo de esta novela. Antes, entre otras cosas hay vivas dos denuncias penales, una en Comodoro Py y otra en Rosario a cargo del Fiscal David Carizza en las que ya se investigan el desenvolvimiento del Grupo y el complejo entramado del mismo.

Esto recién empieza.