Este martes, los 52 trabajadores que accedieron a los retiros voluntarios de Vassalli, se acercaron a la planta industrial de Firmat para firmar el acuerdo de retiro voluntario y retirar los cheques de pago correspondientes. Pero hubo una sorpresa: la empresa todavía no había cumplimentado con la documentación necesaria para hacer efectiva la medida. Desde el gremio informaron que esta situación se resolverá a más tardar el viernes de esta semana.
Sobre esto, Diego Romero de la UOM Firmat dijo que existió “una desprolijidad” por parte de la empresa que debía tener para el día de hoy armados los convenios con las liquidaciones y sus respectivos detalles. Según el gremialista, el acuerdo sigue vigente y bajo las mismas condiciones, aunque sostuvo que ahora “le van a pedir a la empresa que les brinde” la documentación necesaria para que el próximo jueves puedan “intercambiarla con los trabajadores” en la sede de la UOM y “poder ver caso por caso cual es el monto de dinero que les corresponde”.
“Si están de acuerdo los trabajadores concretaremos con el Ministerio de Trabajo para poder terminar con esta historia. Queremos tener las liquidaciones con los detalles para poder corroborar si es lo que les corresponde a los compañeros”, informó Romero.
La medida se tomó durante una audiencia en el mes de diciembre de 2017 en la sede rosarina del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, donde estuvieron presentes trabajadores, gremialistas y autoridades del organismo provincial.
En ese momento dijo a Télam el abogado de la Unión Obrera Metalúrgica, Pablo Cerra: “Si bien seguimos sosteniendo que los retiros voluntarios son despidos encubiertos, estamos contentos porque iban a despedir 200 trabajadores; teniendo en cuenta de dónde veníamos, es un acuerdo próspero”.
Durante aquella audiencia, se acordó el pago del 75 por ciento de lo que debería cobrar un trabajador en caso de ser despedido con causa en dos cuotas, sumado a cinco mil pesos que abonaría la provincia a los empleados salientes.
Además dentro del plateo la Nación otorgaría el fondo de desempleo ampliado, lo que “contempla que los beneficiarios reciban cerca de diez mil pesos mensuales, dependiendo la antigüedad de cada trabajador”, explicó Cerra en aquella ocasión.
El conflicto se originó cuando la empresa emitió 52 telegramas de despidos que tendrían vigencia desde el primero de enero de este año, y que anunciaron que se elevarían a 200, como inicio de un plan de ajuste en el que no reconocían ningún pago para los trabajadores.
