El Ministerio Público de la Acusación (MPA) desestimó la causa donde se investigaban escuchas telefónicas entre el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, y el exjefe de la Unidad Regional V, Adrián Rodríguez.
El fiscal Ezequiel Hernández resolvió desestimar la denuncia por presunto cohecho que pesaba contra el ex jefe de la URI y de la URV, Adrián Rodríguez. Como se recordará, Rodríguez quedó bajo sospecha tras la difusión pública de unos audios con el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, donde se deslizaba la posibilidad de un supuesto “arreglo”, en el marco de un concurso de ascensos policiales.
Sobre la filtración de audios el fiscal Hernández explica que “todas esas comunicaciones privadas carecen de relevancia alguna para los hechos que son objeto de esta investigación, siendo su filtración y conocimiento público de una enorme gravedad institucional, además de una grave vulneración de derechos y garantías constitucionales”.
Es preciso analizar exhaustivamente la comunicación telefónica de fecha 22/6/2017 a las 9.15 hs, en la que Maximiliano Pullaro le recuerda a Rodríguez que la fecha de inscripción para rendir el cargo de director general se encontraba próxima. Asimismo, Pullaro dice que fue seleccionado como presidente del jurado y le manifiesta: “y bueno… te vamos a tener que dar las preguntas, viste… como en la escuela…”, respondiendo Rodríguez: “Uhhh… jajajajaja… le agradezco por llamarme”.
“Otra comunicación que debe examinarse es aquella de fecha 16/8/2017, a las 19.15 hs., en la cual Pullaro consulta a Rodríguez del seudónimo que utilizó para hacer el trabajo”.
Consideró que no se cometió el delito de cohecho, tras tomar una serie de medidas tendientes a esclarecer si existieron sobornos en un concurso de ascensos dentro de la fuerza de seguridad.
El hecho se conoció cuando, por orden del fiscal Roberto Apullán, se ordenó la detención de Rodríguez, el 9 de octubre del 2017, en momentos en que el jefe se encontraba a cargo de la Unidad Regional V de Rafaela.
Dicha aprehensión se dio en razón de una serie de escuchas donde el exfuncionario policial había mantenido diálogos con el titular de la cartera de Seguridad, sobre la fecha de inscripción para rendir el cargo de Director General de la Policía de Santa Fe. A su vez, referían sobre que el presidente del jurado era el mismo Pullaro, el cual que le iba a dar las respuestas, en tono chistoso, a Rodríguez.
Los diálogos fueron interceptados por los fiscales Apullán y su adjunta, María Laura Martí, que investigaban a Rodríguez por el desvío de fondos de las Orden de Servicio Extra de Policía (Ospe) cuando éste estuvo a cargo de la Unidad Regional I.
En medio de esa compleja investigación -de la cual sí está imputado Rodríguez- los funcionarios solicitaron al juez penal Nicolás Falkenberg la intervención de un número telefónico que pertenecía al Estado provincial y que estaba a cargo del propio Pullaro ya que entendieron que existía cohecho activo y pasivo.
El magistrado aceptó y dio lugar al pedido de escuchas. Tal proceso judicial, que según el ministro Pullaro, se dio de manera ilegal -ya que según su criterio los fiscales no advirtieron de quien era la línea a intervenir-, motivó a que en 2018, los fiscales Apullán y Martí sean imputados por los delitos de «falsedad ideológica»,»incumplimiento de los deberes de funcionaria pública» y «abuso de autoridad» por no explicarle al juez de quién era la línea a intervenir.
