La Fundación Apolo, por medio de sus integrantes José Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Patiño, presentó una denuncia penal contra el secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini, por incumplir los deberes de funcionario público; y contra el líder de la Rama Logística del Sindicato de Camioneros, Oscar Borda, y demás integrantes del gremio, al entender que estarían «usurpando funciones públicas» en el marco de las fiscalizaciones de precios por el programa «Precios Justos».
El malestar por la incorporación de Camioneros al control de precios crece y las críticas de Carrió se suman a los cuestionamientos del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja.
«Es una función indelegable del Estado», planteó al tiempo que explicó que COPAL «respeta el estado de derecho», pero aclaró que ni la entidad que preside puede arrogarse «la función de controlar, ni puede incluirse a terceros con intereses particulares. El control es una función indelegable del Estado».
En la misma línea, profundizó su mirada crítica sobre el desembarco de los Moyano en el área: «Si hablamos de un Estado presente, es necesario que el Estado controle, tercerizar esa función genera una mayor incertidumbre ante una posible colisión de intereses».
La titular del PRO, Patricia Bullrich, repudió la medida respaldada por Tombolini, quien ratificó la intervención gremial. «Si está bien que las empresas acudan al Estado cuando tienen problemas, también es correcto que lo hagan los sindicatos», sostuvo el secretario.
«¿Realmente creen que se combate la inflación metiendo a los patoteros de Moyano en los supermercados? Se combate dejando de imprimir billetes y reduciendo el gasto público», retrucó Bullrich.
