23°
martes 19 de marzo del 2024

Denuncian que las inmobiliarias están aumentando un 25% cada seis meses

De por sí alquilar en Rosario es muy caro. Para muchas familias implica hasta un 50% de su salario. Desde hace tiempo que distintas organizaciones vienen reclamando en pos de mejorar los derechos de los inquilinos, no sólo en la ciudad, sino a nivel nacional a través del proyecto: Ley de Alquileres.

Con la escalada abrupta del dólar que alcanzó un 20%, las expectativas sobre cómo influirá en productos de consumo básicos se mantienen latentes. Sin embargo, según la ONG Concejalía Popular las que ya están aplicando aumentos “ilegales” en los contratos de alquiler son las inmobiliarias.

“Nos están llegando muchos contratos en los que se les está planteando a los inquilinos aumentos del 25% cada seis meses y, en algunos casos, hasta del 35%”, apuntó a Rosario Nuestro el titular de la Organización, Nire Roldán.

Según explica Roldán, “el acuerdo desde principio de año con todas las Cámaras del país era que no iban a superar el 15% anual y, ahora, están aumentado casi el triple del valor que se había acordado”.

Los casos que recibieron en Concejalía Popular no son únicamente de Rosario, sino también de Capital Federal, Córdoba, Pergamino, Totoras, siendo estas últimas localidades las más afectadas por los incrementos.

¿Cómo es el modus operandi? Nire Roldán detalló que “los contratos están llegando con supuestas bonificaciones (descuentos), es decir, que durante en el primer año de alquiler los primeros seis meses el costo es de $6.000 pesos, el segundo semestre aumenta a $8.000 y el segundo año entero el alquiler mensual es de $10.000”.

“Esto es una indexación que se está ejecutando y que está prohibido. Lo están haciendo de forma encubierta, porque la comisión, el sellado y demás se termina realizando en base al monto final del contrato”, afirmó el titular de Concejalía Popular.

El argumento que esgrimen las inmobiliarias, según Roldán, es que como hay inflación se tomó como costumbre esta metodología, aunque se sancionó en contra de las indexaciones jurídicamente y, sin embargo, “las continúan haciendo, pero de forma encubierta”.

Finalmente, aseveró: “Lo que se está viviendo actualmente con los alquileres es una pérdida mayor del poder adquisitivo que si lo comparamos con el salario y el aumento del dólar; el inquilino es un rehén de la especulación inmobiliaria y no puede ser”.

Rosario Nuestro consultó al presidente de la Cámara Inmobiliaria de Rosario (Cadeiros), José Ellena, y señaló que “lo pautado y dialogado con las distintas firmas era intentar un aumento anual del 25% o menos, es decir, tratar de sostener los incrementos que se venían dando para que no se dispare el asunto”.

En relación a lo denunciando por Concejalía Popular, Ellena aseguró que “no llegó esa información” a la Cámara y tampoco recibieron “ningún contrato de ese estilo”, aunque no descartó que existan y que “puedan estar dándose estas circunstancias”. Por este motivo, “le pedimos a la ONG que se acerque a nuestra sede y nos puedan traspasar todas las informaciones que les vayan llegando para que podamos actúan en consecuencia”, y cerró: “De confirmarse estos casos, sería una locura”.

Ley de Alquileres: trabado 

El proyecto de ley, que tuvo despacho favorable en la Cámara de Senadores, llegó a la Cámara de Diputados y se estancó. La comisión de Legislación General de dicha Cámara había emitido un dictamen favorable al proyecto de reforma a la ley alquileres, que busca bajar el costo que representa para los inquilinos la firma de los contratos de locación, a los que propone actualizar en base a la inflación anual difundida por Indec.

Sin embargo, introdujeron cambios al texto votado por el Senado, por lo que la iniciativa deberá volver a la Cámara alta luego de aprobarse en el pleno de Diputados.

El proyecto limita a un mes de alquiler el monto que pueden cobrar las inmobiliarias, a lo que se suma otro mes de depósito.

Cuando se produce la renovación del contrato, esos cargos se reducirán 50 por ciento, punto considerado clave por representantes de las organizaciones de inquilinos y cuestionado por el sector inmobiliario.

Así mismo, se mantiene en dos años los contratos de locación –en lugar de tres años como establecía el texto del Senado– y que establece que los precios se ajustarán por inflación, ya que en la actualidad es a propuesta del propietario.

Otro dato no menor, es que la garantía no solo podrá ser una propiedad sino el recibo de sueldo, certificado de ingresos, y cualquier otro que sea aceptado por el propietario.

En el proyecto también se introdujo el concepto de «alquiler social», un programa por el cual el Estado subsidiará parte de los gastos de locación a personas de bajos recursos y fomentará la construcción de viviendas destinadas a alquiler.